La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a un proyecto de ley que introduce cambios sustanciales en la figura de la flagrancia, con el objetivo de agilizar los procesos penales y garantizar que los delincuentes no recuperen la libertad por fallas administrativas. Franco Ambrosini, diputado provincial por la UCR, dialogó con FM Vos 94.5 sobre los alcances de esta reforma y brindó detalles exclusivos sobre el avance del Jury al juez Sarmiento, salpicado por causas de alta peligrosidad.
La flagrancia: ajustar los plazos para una justicia real
El procedimiento de flagrancia se activa cuando un delincuente es capturado «con las manos en la masa». Sin embargo, la normativa vigente imponía tiempos que, en la práctica, resultaban imposibles de cumplir, poniendo en riesgo la legalidad de las causas.
«La flagrancia es cuando una persona está cometiendo un delito y es encontrada en ese momento por la policía. Hasta ahora, el fiscal tenía que realizar toda la investigación en un solo día: actas policiales, coordinar audiencias con el juez de garantías, solicitar prisiones preventivas… un cúmulo de tareas imposible de realizar en 24 horas. Lo que buscamos es ampliar ese plazo para que la ley sea aplicable», aseguró Franco Ambrosini al inicio del reportaje.
«No queremos una ley que sea letra muerta; pretendemos que el delincuente que fue encontrado robando sea juzgado con celeridad, pero con los tiempos necesarios para que la prueba se produzca correctamente», añadió.
Eficacia contra la «puerta giratoria»
El legislador subrayó que la reforma no vulnera derechos, sino que profesionaliza la respuesta judicial ante los delitos que más afectan la crónica policial cotidiana. «A veces la justicia no puede aplicar este instituto porque se vencen los plazos. Ese fiscal no tiene una sola causa, tiene varias. La crítica que siempre hace la sociedad es que se encuentra a alguien delinquiendo pero la justicia no actúa rápido. Con esta ampliación, hacemos que la ley sea eficiente», aseveró.
«El ciudadano quiere una justicia expeditiva y nosotros, desde la Legislatura, debemos ‘aggiornar’ las leyes para que los procesos sean eficaces y no se caigan por cuestiones meramente burocráticas», agregó.
El caso del juez Sarmiento: «La tecnología desde la cárcel es inmanejable»
En cuanto al estado del Jury contra el juez Sarmiento, el legislador sanrafaelino confirmó que el proceso entra en una etapa decisiva. «El lunes vence el período de producción de prueba. El Jury de Enjuiciamiento, integrado por 21 miembros —siete de la Corte, siete de Diputados y siete de Senadores—, deberá fijar fecha de debate para decidir si lo destituye o lo suspende. Se le denegaron recursos porque no eran oportunos», detalló Ambrosini.
Asimismo, el diputado hizo hincapié en las consecuencias graves de los fallos cuestionados. «Hubo casos trágicos, como el delincuente liberado por él que terminó matando a una víctima y muriendo en el hecho, o el caso del abuso de una niña que causó daños irreparables. Sarmiento se entrometió en facultades del Poder Ejecutivo al autorizar el uso de celulares en la cárcel para perfiles de alta peligrosidad», enfatizó.
Para Ambrosini, la tecnología en manos de criminales dentro de los penales resulta inmanejable y facilita la comisión de delitos externos, lo que justifica la rigurosidad del pedido de enjuiciamiento.
Celulares en las cárceles y seguridad pública
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la vinculación entre el uso de telefonía móvil en los penales y los delitos cometidos desde el encierro. «Vemos las consecuencias de permitir celulares a perfiles peligrosos. Hace poco tuvimos el caso resonante de un personal militar que se suicidó por los ‘aprietos’ que recibía de una banda desde la cárcel. La tecnología hoy es inmanejable; por más que haya inhibidores, ciertos perfiles no pueden tener acceso a un teléfono», insistió Ambrosini.
«El juez Sarmiento legisló sobre un tema que no le correspondía. Hay excepciones para quienes están estudiando o en etapa final de liberación, pero darles esa herramienta a delincuentes de alto peligro es una irresponsabilidad que estamos pagando caro», concluyó.
