Con una vasta trayectoria como Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán y un reconocido activismo en el derecho ambiental, el Dr. Gustavo Gómez visita San Rafael para brindar una serie de talleres que buscan empoderar al ciudadano común. En una entrevista que brindó a FM Vos 94.5, el exfiscal advirtió sobre la existencia de delitos federales «cotidianos» que pasan desapercibidos y cuestionó con dureza el uso de la justicia penal para silenciar las protestas sociales.
LA JUSTICIA COMO HERRAMIENTA CIUDADANA
El objetivo del Dr. Gómez en su paso por el sur provincial es democratizar el acceso a la justicia, eliminando las barreras técnicas que suelen alejar al vecino de la defensa de sus derechos. «Estos talleres están diseñados para ciudadanos que no saben de derecho; no son para juristas ni abogados. La base es ofrecer herramientas para que la gente llegue a la Justicia sin intermediarios», sintetizó de entrada.
«Existe una gran desconfianza hacia la labor de los abogados en Mendoza, por eso instrumentamos mecanismos como la redacción de denuncias penales, pedidos de informes o la presentación de un habeas corpus, trámites que no requieren de un profesional para ser efectivos», amplió.
MENDOZA Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Para el exfiscal, la provincia presenta un escenario institucional preocupante en cuanto al trato que reciben las agrupaciones socioambientales. «Me preocupa profundamente el escenario de Mendoza. Es la provincia que más causas abrió contra defensores del ambiente, a pesar de que tenemos tratados internacionales, como el de Escazú, que lo prohíben explícitamente. Pensar que aquí existe casi una ‘asociación de detenidos’ por defender el agua es alarmante», declaró.
«El gobierno tiene una mirada pro-minera, pero esa mirada no puede pisotear el derecho de la ciudadanía a expresarse», continuó diciendo.
DELITOS FEDERALES INVISIBLES: EL FRACASO DEL CONTROL
Uno de los ejes centrales de la disertación del Dr. Gómez es la profunda falta de conciencia social sobre qué constituye un crimen ambiental y el grado de responsabilidad que recae sobre los funcionarios públicos en estos procesos. Según el especialista, existe una invisibilidad delictiva que permite que la contaminación avance sin consecuencias legales.
En cuanto a la cotidianeidad del delito, Gómez advirtió que muchas veces los ciudadanos no saben que están siendo víctimas de un hecho criminal. En Tucumán hemos condenado a dueños de ingenios azucareros por contaminar ríos y a intendentes por el mal manejo de residuos. Me llama la atención que en Mendoza nunca se haya hecho un juicio oral por un crimen ambiental», señaló, contrastando la actividad judicial de distintas provincias frente a problemáticas similares.
Respecto al vínculo entre corrupción y control, el exfiscal sostiene que la degradación ambiental es siempre un síntoma de una falla institucional previa. “Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto o negligente. Cuando ocurre un desastre es porque el sistema de control administrativo ha fracasado», afirmó.
«Como contrapartida, el taller instruye a los vecinos en el ejercicio del derecho a la información: el Estado tiene un plazo máximo de 30 días para responder informes sobre el funcionamiento de los organismos de supervisión, una herramienta clave para exponer la inacción oficial», destacó.
Asimismo, el Dr. Gómez puso la lupa sobre el rol de la academia y su complicidad por omisión o acción. Cuestionó la formación de los futuros abogados y la ética de las instituciones: «Si una universidad tiene la carrera de Derecho pero no dicta materias como Derecho Penal Ambiental o Procesal Penal Ambiental, es para poner en duda su compromiso real».
Incluso, recordó antecedentes graves donde la Justicia debió intervenir en el ámbito universitario: «Hemos llegado a condenar rectores por malversación de fondos provenientes de empresas mineras que debían ser controladas», señaló, subrayando la necesidad de una vigilancia ciudadana que alcance también a las casas de altos estudios.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN VERSUS «FAKE NEWS»
Respecto a las acciones penales iniciadas por el gobierno provincial contra ambientalistas por presuntas noticias falsas tras las tormentas de enero, Gómez se posiciona firmemente en defensa de la libertad de expresión. «Estoy totalmente en contra de criminalizar la libertad de expresión para asustar a la gente. El gobierno tiene todo el derecho de salir a desmentir de forma enfática una noticia si considera que es falsa, pero llevar eso al extremo de abrir una causa penal para que la próxima vez nadie abra la boca es atacar un bien primordial», lanzó.
He pedido el sobreseimiento en casos donde se intentó poner un ‘bozal legal’ a los medios o a ciudadanos. El temor no debe ser la respuesta ante la alarma social», sentenció al cierre de la comunicación.
Jornada de formación y litigio estratégico en San Rafael
La actividad se desarrolla este miércoles 11 de febrero de 2026, en las instalaciones del Club Andino El Sosneado. Con una modalidad de doble turno —de 11 a 13 y de 14 a 16—, la convocatoria ha logrado reunir a un público diverso que incluye desde asambleístas y vecinos autoconvocados hasta profesionales del derecho interesados en la especialización ambiental.
Gustavo Gómez cuenta con un currículum sólido en la materia: se desempeñó como fiscal ante la Cámara Federal con competencia en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, jurisdicciones marcadas por la actividad minera e industrial de gran escala. Actualmente, el exfiscal se dedica a impulsar el litigio estratégico, una metodología que busca que las causas por contaminación no queden estancadas en procesos administrativos, sino que escalen en la justicia penal hasta alcanzar condenas efectivas.
