Juzgan en San Juan al padre de una Reina de la Vendimia

El Tribunal Oral Federal de San Juan dio inicio ayer al tercer «megajuicio» por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en esa provincia. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal general de Mendoza Dante Vega.
Este nuevo debate oral y público tendrá como acusados a 35 personas: 20 ex militares, 14 ex integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello. El fiscal Vega valoró que por primera vez «se juzga a la policía como aparato de poder», completando así el juzgamiento de la actuación de las fuerzas de seguridad en la jurisdicción.

Si bien varios de los hechos ya fueron ventilados en los juicios anteriores, en éste se juzgarán otros episodios que alcanzan a 15 nuevas víctimas, que totalizan más de 150. Entre ellos, los de la causa conocida como «Fusilamientos», una serie de seis ejecuciones extrajudiciales. Los demás hechos que llegaron a esta instancia son privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, 22 desapariciones forzadas y delitos contra la integridad sexual como violaciones y abusos.

El TOF estará conformado por Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante. Se prevé que se realice entre una y dos audiencias cada quince días y quedeclaren alrededor de 400 testigos.

En octubre del año pasado, el mismo tribunal condenó a prisión perpetua a dos ex policías y nueve ex militares, aplicó penas de 6 y 18 años de prisión para otros dos imputados, y absolvió a los tres restantes. Ese debate, conocido como «Megacausa II», fue la consecuencia de la unificación de un conjunto de causas que tramitaron de forma separada en la etapa de instrucción, con un total de 205 víctimas.

Los hechos ventilados en aquella ocasión se centraron en la ejecución del terrorismo de Estado en la provincia de San Juan, que conformaba el Área Militar 332, con jefatura en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), dependiente del III Cuerpo del Ejército. Bajo el control operacional del RIM 22 funcionaron centros clandestinos de detención la Penitenciaría de Chimbas y la alcaidía de mujeres de la policía provincial, el edificio de la antigua Legislatura, la Central de Policía de la provincia, «La Marquesita», en las inmediaciones de aquella unidad militar, y el propio RIM 22.