El Gobierno nacional tensó su relación con el campo y promete avanzar nuevamente aumentando las retenciones con la idea de que así puede frenar los incesantes aumentos en los precios de los alimentos.
El último en poner el dedo en la llaga fue el propio presidente Alberto Fernández, que declaró en un diario oficialista que existe la posibilidad de «subir las retenciones o poner cupos» a la exportación de productos alimenticios para evitar que se traslade al consumidor el aumento de su precio internacional y, así, «garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables».
Consultado en FM Vos (94.5), el secretario general de Coninagro (una de las entidades de la Mesa de Enlace), Daniel Kindebaluc, señaló que “estamos hablando sobre comentarios, versiones o declaraciones del Presidente. No está tomada la decisión. Desde Coninagro siempre apelamos al diálogo, no deja de ser lo que dijo cuando era candidato de que las medidas se iban a consensuar y no iban a salir de prepo, esperamos que nos convoque”.
El dirigente afirmó que “el sector está enardecido si se quiere, primero porque esta alternativa no soluciona el problema, está demostrado por múltiples estudios de gente que se especializa en el tema. La solución es el crecimiento de la producción, sino se convierte en un círculo vicioso y se achica la producción y en un tiempo se termina importando y con los consumidores pagando precios altísimos y muchos productores fundidos”.
Añadió que “la incidencia de los productos primarios en la inflación es mínima. Nuestra posición es que estamos en alerta y preocupados. No podemos anticiparnos a los hechos, pero si lo dice el Presidente es que en ese camino están puestas las ideas”.
La avanzada comenzó con la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien admitió que estaba en análisis una suba de retenciones para controlar el precio de los alimentos. Luego, el presidente Alberto Fernández confirmó la idea.
El jefe de Estado citó como ejemplo la suba en los mostradores de los cortes vacunos, a partir de una demanda sostenida por parte de China. Tras la asunción del Frente de Todos en diciembre de 2019, los derechos de exportación pasaron del esquema de $3 por dólar exportado instaurado por Cambiemos, a porcentajes. Con la ley de Solidaridad Social aprobada, el impuesto para la soja quedó en 30%, con la posibilidad de adicionar 3 puntos, opción que el Gobierno utilizó en marzo de 2020 y generó un fuerte cruce con el sector agropecuario.
