La política argentina ha ingresado en una dimensión desconocida, donde la legitimidad de las urnas parece actuar como un anestésico para la memoria y la ética. El mileísmo -LLA y aliados- transita su momento de mayor fortaleza legislativa bajo una paradoja que desafía la gravedad: un Gobierno que se infla en los escrutinios mientras su arquitectura moral se desmorona y su plan económico arroja resultados que, en la vida real, son apenas un espejismo de planillas oficiales. Es el triunfo de un relato que ha logrado que una parte del electorado —el mismo que se indignaba con la corrupción del pasado— hoy acepte con una indulgencia mística los vicios de una «nueva casta» que ha perfeccionado los modales del privilegio.
Esa «moral del aguante» tiene su representación más bizarra en el blindaje presidencial a su círculo íntimo. Para Milei, la lealtad personal es el único filtro, incluso por encima de los expedientes judiciales. El Presidente ha decidido sostener hasta el final a figuras que arrastraron y arrastran sombras imposibles de ignorar: desde José Luis Espert, cuya cara inundó una campaña en la que no pudo competir por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, hasta Sandra Pettovello, cercada por las irregularidades en el manejo de alimentos y contratos. No importa que el peritaje judicial del caso $LIBRA detecte 35 llamadas entre el poder central y una estafa financiera; para el Presidente, su hermana sigue siendo intocable, aunque ya medios como La Nación o Clarín -que nadie podría tildar de “kukas”- revelen una investigación que debería complicar mucho al poder libertario. No importa que Manuel Adorni confunda el «deslome» laboral con un tour de lujo por Manhattan; el Gabinete nacional lo sigue teniendo como jefe.
Sin embargo, detrás de este blindaje de lealtades, la realidad económica empieza a mostrar las costuras de un modelo que cruje. Los resultados son, por lo menos, dudosos. Mientras la Casa Rosada celebra una inflación que -paradójicamente- hace nueve meses que no baja, la calle devuelve un costo de vida en dólares que ha pulverizado el poder adquisitivo y una canasta básica que ya es un objeto de lujo. Lo que el Gobierno presenta como estabilidad es, en realidad, la paz de los cementerios productivos. Estamos asistiendo a un «industricidio» silencioso pero letal; las persianas que bajan en las pymes no son una limpieza del mercado, son el certificado de defunción de décadas de capital social y trabajo argentino.
En Mendoza, una de las provincias “socias” del mileísmo, esta desconexión adquiere tintes dramáticos. La caída de la recaudación es tan drástica que varios intendentes de la provincia ya hacen fila en la Capital buscando adelantos para pagar salarios. La presión de una macroeconomía que se jacta de un superávit construido sobre el hambre y la parálisis amenaza con derribar cualquier muro de contención local.
La paradoja del triunfo electoral de LLA -y sus socios- reside en que las urnas han validado, momentáneamente, a una gestión que confunde el mandato popular con una patente de corso. El Gobierno nacional parece no comprender que la legitimidad de los votos no es un salvoconducto para la corrupción, ni una autorización para destruir el tejido industrial del país. La historia argentina es rica en ejemplos de soberbias que se estrellaron contra la realidad cuando el relato ya no pudo tapar el vacío de las ollas ni el peso de los privilegios, y se dio cuenta que la corrupción no es exclusiva de un espacio político.
