El área de Ordenamiento Territorial del municipio concluyó que el proyecto presentado por la provincia incumple normas urbanísticas y genera alto impacto social y ambiental. Plantean alternativas y piden coordinación institucional.
La posibilidad de ampliar el establecimiento penitenciario en el distrito de El Cerrito, San Rafael, volvió a quedar en el centro del debate luego de que este viernes por la mañana la Comisión de Planeamiento del municipio resolviera que el proyecto del Gobierno de Mendoza no cuenta con factibilidad. Desde la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de San Rafael explicaron que la decisión se tomó tras analizar el expediente enviado por el Gobierno de Mendoza y considerar tanto los aspectos técnicos como los reclamos vecinales.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el director del área, Mariano Miras, explicó que el municipio tomó intervención a partir de la preocupación de los habitantes de la zona de El Cerrito y Cuadro Nacional. “Nosotros tomamos nota a través de los vecinos cuando los vecinos se manifiestan en desacuerdo con lo que estaba sucediendo, con el llamado a licitación de esta ampliación del establecimiento penitenciario de El Cerrito”, detalló.
El funcionario indicó que el expediente provincial llegó en el marco del estudio de impacto ambiental exigido por la legislación. “El Gobierno de la Provincia presenta un expediente en donde se empieza a trabajar el impacto ambiental, porque toda obra de esta magnitud requiere por la ley provincial el tratamiento del impacto ambiental”, señaló. Sin embargo, el análisis municipal detectó irregularidades iniciales. “Nos encontramos que no teníamos ningún tipo de factibilidad iniciada para la construcción de la obra”, afirmó.
Según explicó Miras, el municipio solicitó documentación técnica como se hace con cualquier proyecto privado o público. “Informamos al Gobierno de la Provincia que necesitábamos que presentaran la documentación de rigor que se le exige a cualquier ciudadano que quiera hacer una obra”, sostuvo. El expediente ingresó el 13 de febrero, pese a que la licitación se había abierto el 29 de enero con 7 empresas oferentes, situación que generó cuestionamientos.
El proyecto fue derivado a la Comisión Interdisciplinaria de Ordenamiento Territorial, donde distintas áreas analizaron el impacto global. “Entendemos que esta propuesta carecía en muchos aspectos de las premisas que establece la ley 8051 de ordenamiento territorial”, explicó. A ello se sumó el rechazo social: “Los vecinos juntaron más de 1200 firmas para oponerse a la ampliación de esta unidad penitenciaria”.
La decisión final fue negativa. “Se determinó la no factibilidad porque se desnudó que había habido una vulnerabilidad en la aplicación de las distintas leyes provinciales y del plan de ordenamiento territorial municipal”, sentenció el funcionario de la comuna sanrafaelina. Además, remarcó el impacto previsto en la zona donde actualmente funciona la conocida Colonia Penal El Cerrito. “Se evaluó el impacto ambiental, que es realmente alto, no solamente en la parte ambiental sino también en la parte social”, expresó.
Miras explicó que el impacto ambiental incluye factores sociales. “El estudio de impacto ambiental no se circunscribe solamente a lo ambiental, también plantea el impacto social”, dijo. En ese sentido, relató que los vecinos denunciaron problemas con la planta de tratamiento, un perjuicio en la seguridad de los vecinos y la baja en el valor de las propiedades. “Los vecinos nos dieron a conocer la situación con la parte de saneamiento a través de los olores que emana la planta de tratamiento”.
A pesar de la negativa, el municipio aseguró que no se opone a la construcción de un nuevo establecimiento. “La municipalidad está reafirmando su voluntad de articulación institucional dentro del marco de la legislación vigente”, afirmó Miras. También recordó que la competencia penitenciaria es provincial. “La competencia provincial en materia penitenciaria es exclusiva, nosotros solamente determinamos usos del suelo”.
Como alternativa, el funcionario mencionó un terreno en Colonia Elena. “Creemos que el pedido de 50 hectáreas en Colonia Elena es idóneo para una colonia penal y el traslado de las instalaciones de la calle Mitre”, señaló, recordando que en 1998 ya se había trabajado en esa ubicación con estudios previos.
Mientras tanto, explicó que el proyecto en El Cerrito queda frenado. “Hasta tanto no haya una situación de factibilidad, la obra no va a ser permitida en el inicio”, aseguró. Miras comparó el procedimiento con el de cualquier obra privada: “Es el mismo proceso que cualquier vecino que quiera hacer una ampliación de su casa”. También cuestionó la falta de coordinación previa. “Hubiese sido necesaria una instancia de coordinación formal antes de lanzar la licitación”, afirmó.
Consultado sobre la situación de las empresas que participaron, el funcionario admitió no tener precisiones. “Desconozco cuál será el proceso en materia de licitaciones, pero lamentamos que no haya sido de otra manera”, dijo.
La discusión continúa abierta en San Rafael, donde vecinos, autoridades municipales y provinciales deberán encontrar una solución que contemple la necesidad de infraestructura penitenciaria y el respeto por la planificación territorial.
