En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora cada 22 de julio para visibilizar los impactos socioambientales de esta actividad extractiva, la Asamblea del Agua de San Rafael renovó su reclamo por la situación que vive el sur mendocino desde hace más de dos décadas: el abandono y la contaminación sin remediación del complejo minero Sierra Pintada.
En un comunicado difundido públicamente, desde la organización remarcaron que Sierra Pintada lleva más de 25 años contaminando a cielo abierto, con pasivos ambientales que nunca fueron remediados y que siguen afectando los recursos naturales de la región.
“Exigimos remediación y cierre definitivo ya. No a la reapertura de la mina”, afirman, recordando además que existe un fallo judicial vigente que prohíbe su reactivación mientras no se mitiguen los daños ocasionados.
LA SITUACIÓN DEL LITIO
El documento también aborda la problemática creciente en torno a la extracción de litio, actividad que —pese a su promoción como “energía verde”— implica un altísimo impacto ambiental.
Denominada por sectores científicos y ambientalistas como la “minería del agua”, su extracción demanda millones de litros de agua subterránea que se utilizan para evaporar sales, alterando ecosistemas frágiles como humedales, salares y zonas de anidación de aves migratorias. “Esto provoca una sequía aún más severa, afectando economías regionales, comunidades rurales y territorios ya vulnerables”, advierten.
Desde la Asamblea remarcaron que el litio sí está alcanzado por la Ley 7722, normativa que regula la utilización de sustancias contaminantes en la minería y que representa un símbolo de resistencia en Mendoza frente al avance de la megaminería.
En ese sentido, recordaron que la lucha por el agua “es también una defensa del territorio, de la producción agrícola, de la salud de nuestras familias y del equilibrio ecológico que sostiene nuestras vidas”.
El 22 de julio, fecha internacional contra la minería a cielo abierto, no es solo una jornada simbólica, agregan, sino una oportunidad para reforzar el compromiso ciudadano con modelos de desarrollo sustentables y para exigir políticas públicas que pongan la vida por encima del extractivismo.
