El reciente informe sobre el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) ha encendido las alarmas al registrar una caída del 4,7% en febrero, el retroceso más brusco del último semestre. Para entender la magnitud de este dato, es necesario precisar que el ICC —elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella— funciona como un termómetro de la psicología económica de la calle. Mide tres variables críticas: la percepción de la situación personal de los ciudadanos, la valoración de la situación macroeconómica del país y, fundamentalmente, la predisposición a la compra de bienes durables y viviendas.
Cuando este índice se desploma, lo que nos está diciendo es que el ciudadano ya no solo sufre el presente, sino que ha dejado de creer en el futuro inmediato. En San Rafael, este fenómeno se traduce en una parálisis que recorre los comercios. La caída en la predisposición a la compra indica que el sanrafaelino ha pasado al modo «supervivencia», postergando cualquier gasto que no sea estrictamente esencial. No es una elección caprichosa; es la respuesta natural ante un modelo que ha pulverizado el salario y que, bajo la bandera del “dios mercado”, ha dejado los precios a merced de una voracidad sin límites.
La desconfianza del consumidor es, en última instancia, el fracaso de la narrativa oficial. Mientras el gobierno de Milei y sus aliados celebran el ajuste fiscal como un triunfo ético, la realidad de los mostradores muestra una cara muy distinta. La economía es, ante todo, un estado de ánimo basado en la previsibilidad. Sin un Estado que actúe como garante del poder adquisitivo y que regule los abusos de los sectores concentrados, la confianza se evapora. Lo que queda es este escenario de retracción: empresas que producen menos porque nadie compra, y familias que consumen menos porque el dinero ya no alcanza ni para lo básico.
