La finalización de la moratoria previsional y los cambios en las dinámicas del mercado de trabajo han generado una profunda reconfiguración en la seguridad social de la Argentina. En un escenario marcado por la contracción del consumo, el aumento de la informalidad y la sustitución de empleo formal por esquemas monotributistas, el acceso a los beneficios jubilatorios se vio severamente restringido, impactando con mayor crudeza en la población femenina. En diálogo con FM Vos 94.5, Carlos Gallo, reconocido especialista en seguridad social, analizó los últimos datos oficiales del primer semestre de 2026, advirtió sobre la duplicación del déficit previsional financiado por el Tesoro Nacional tras la eliminación del Impuesto PAIS, proyectó el impacto del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y propuso vías estructurales para frenar el círculo vicioso de la retracción económica.
Radiografía de las altas previsionales y la brecha de género
Gallo precisó que el análisis de la evolución jubilatoria exhibe una marcada asimetría entre varones y mujeres. Si bien los datos del segundo trimestre de 2026 muestran un leve repunte en la incorporación de hombres al sistema jubilatorio con respecto al primer trimestre (+825 beneficiarios), el sector femenino registró una caída drástica de 7.274 altas.
El especialista explicó que este fenómeno responde directamente al vencimiento de la moratoria previsional y a los requisitos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). «El dato del freno en las mujeres se debe principalmente al fin de la moratoria previsional. Recordemos que en la Argentina solo una de cada diez mujeres llega a los 60 años con los 30 años de aportes requeridos. El 90% restante no puede acceder a ninguna prestación ni tampoco a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) hasta no cumplir los 65 años, ya que esa prestación equipara la edad pensionatoria para varones y mujeres», observó.
«El impacto en la caída de altas de beneficios es alarmante: en 2024 hubo 60.000 altas menos comparadas con 2023, lo que representó una caída del 12,37%; mientras que en 2025 la baja se profundizó a un 30% menos, con 146.000 altas menos en comparación con 2023. Esta tendencia se va a sostener mientras no se restablezcan o prorroguen las moratorias», advirtió.
«La PUAM otorga el 80% de una jubilación mínima sin importar si la persona no hizo aportes o si aportó durante 29 años, y no genera derecho a pensión por fallecimiento. Pero además, implica un aumento implícito en la edad jubilatoria para la mujer al elevarla a los 65 años», alertó.
Sostenibilidad, sustitución de empleo formal y el impacto tributario
Al evaluar los problemas de fondo que condicionan la sustentabilidad del sistema de reparto asistido, Gallo descartó que el problema responda de manera exclusiva a la informalidad —que ronda el 50% de la masa laboral— e indicó que el envejecimiento demográfico es una variable global que presiona sobre las cajas previsionales. «Tanto en la Argentina como en el mundo los sistemas de reparto se encuentran en crisis por el envejecimiento poblacional, requiriendo un sistema asistido con impuestos como el IVA o el impuesto a los combustibles. Se necesitan cuatro trabajadores activos en relación de dependencia para cubrir un jubilado, pero en el caso del monotributo se necesitan 35 monotributistas para cubrir a una persona pasiva. La sustitución de empleos formales por monotributistas en los últimos dos años genera una crisis aún mayor», analizó.
«A este esquema se suma la eliminación del Impuesto PAIS, un tributo que financiaba de manera directa al PAMI y al ANSES y que no fue restituido con ninguna fuente alternativa. Esto provocó un aumento brutal del déficit previsional que debió ser cubierto con transferencias extraordinarias del Tesoro Nacional para abonar prestaciones que, de por sí, se encuentran comprimidas», apuntó.
«A partir del 1 de noviembre se implementa el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aprobado dentro de la reforma previsional. Este fondo se financia quitando una parte de las contribuciones patronales de todos los trabajadores de la Argentina. Esto significa que a partir del mes próximo ingresará menos dinero al ANSES y a PAMI para el pago de jubilaciones y pensiones, triplicando la necesidad de financiamiento por parte del Tesoro», agregó.
Incidencia en el Presupuesto y el círculo vicioso en la economía
Respecto al peso relativo de la seguridad social, el especialista confirmó que el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones absorbe de manera histórica entre el 45% y el 55% del Presupuesto Nacional. Durante el año 2025, el gasto en estas prestaciones ascendió a 64 billones de pesos a nivel nacional, de los cuales 2,8 billones de pesos ingresaron de manera directa al circuito económico de la provincia de Mendoza.
Gallo argumentó que cualquier recorte en las erogaciones previsionales o el congelamiento del bono de recomposición impacta de forma inmediata en el comercio minorista, ya que el haber jubilatorio posee una propensión marginal al consumo cercana al total. «El dinero invertido en seguridad social se vuelca en un 100% al consumo porque el jubilado no tiene capacidad de ahorro. Cada ajuste que realiza el Estado sobre las prestaciones tiene un impacto vicioso: al haber menor pago en jubilaciones disminuye el consumo, esto destruye la recaudación del IVA, genera el cierre de comercios y despido de trabajadores, concluyendo en menos recursos para financiar las propias jubilaciones», examinó.
«Frente a un gobierno que explicita su intención de destruir la estructura estatal, sostenemos que la verdadera salida para la seguridad social y para la economía general radica en recomponer de forma urgente los salarios de los trabajadores activos y los haberes de los jubilados para rearmar el circuito de recaudación», propuso al finalizar el reportaje.
