La investigación por las «bolsas mortuorias» utilizadas en la manifestación del 27 de febrero pasado en la Plaza de Mayo en medio del escándalo por las vacunaciones de privilegio pasó al fuero federal porteño.
El fiscal de instrucción penal Juan Pedro Zoni y la jueza Yamile Bernán resolvieron que la denuncia por «incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones» pase del fuero ordinario a Comodoro Py 2002. El nuevo juez de la causa será Marcelo Martínez de Giorgi.
La denuncia apunta a la presunta responsabilidad de los dirigentes políticos opositores Patricia Bullrich, José Luis Espert, Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Martín Lousteau y Mario Negri, convocantes a la manifestación que se celebró el sábado 27 de febrero pasado en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y en otras ciudades del país.
La protesta frente a la Casa de Gobierno, aquí en la Capital Federal, incluyó el despliegue de «bolsas mortuorias» que tenían carteles que explicaban que el simulado cadáver que yacía allí esperaba una vacuna que le fue aplicada a presuntos privilegiados, en el marco de la pandemia de coronavirus.
El fiscal Zoni dictaminó que «las conductas a analizar son las manifestaciones -verbales y físicas- y expresiones de odio, tendientes a promover actos de violencia -que incluyen la muerte- de un sector del arco político nacional, entre los que se encuentran funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y referentes de dicho sector». Por su naturaleza, se trata de un delito federal.
La jueza Bernán mensuró «el grado de perturbación al desenvolvimiento social que podría traer aparejada una conducta como la analizada, cuando es dirigida contra el Presidente de la República Argentina (Alberto Fernández), lo que torna la cuestión de un particular interés Nacional y ratifica la necesidad de intervención del fuero Federal».
