La CONADU Histórica advierte por un proceso de vaciamiento en las universidades públicas por parte del Gobierno nacional
Las universidades públicas argentinas atraviesan una de las crisis económicas más severas de su historia reciente. En el marco de la tercera semana de medidas de fuerza, Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica, analizó la parálisis académica que afecta a todo el país. En diálogo con FM Vos 94.5, la dirigente gremial advirtió que detrás del reclamo salarial se esconde un fenómeno alarmante: la renuncia masiva de docentes y la imposibilidad de cubrir cátedras, lo que pone en jaque la calidad educativa y el futuro del sistema científico-universitario.
La medida de fuerza, que suma días de inactividad en facultades y colegios preuniversitarios, no solo busca una recomposición de los haberes, sino el cumplimiento de las normativas vigentes. «Este es un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, pero con una fuerte impronta de visibilización. El objetivo es que la sociedad comprenda la profundidad de la crisis salarial y presupuestaria tras más de dos años de gestión de Javier Milei. La solución de fondo es simple y compleja a la vez: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario», declaró Staiti al comienzo del reportaje. «Esta ley fue sancionada y promulgada, el Ejecutivo se niega a aplicarla y la Justicia ya nos dio la razón dictaminando que debe ponerse en vigor. Nuestra pelea es por salarios, pero también por becas y presupuesto para que las universidades puedan funcionar», destacó.
El impacto en las aulas: más allá de los días sin clase
Ante la creciente preocupación social por la interrupción del calendario académico, la secretaria general de la CONADU Histórica sostiene que el daño estructural al sistema educativo es previo, más profundo y mucho más permanente que una medida de fuerza puntual. Para Staiti, la huelga es apenas la manifestación externa de un proceso de deterioro que se traduce en renuncias masivas de profesionales. «A mediados del año pasado ya registrábamos más de 10.000 renuncias en las universidades de todo el país. El bajo salario empuja a los docentes a dejar sus cargos, lo que genera una sobrecarga laboral insostenible para quienes deciden quedarse o, en el peor de los casos, la imposibilidad absoluta de cubrir horas en el nivel secundario y preuniversitario», advirtió la entrevistada. Un factor determinante en esta deserción profesional es el denominado fenómeno del «cobro cero», que afecta particularmente a la región. «En Mendoza tenemos casos críticos vinculados al aumento de la obra social (DAMSU). Hay docentes que, tras aplicarse los descuentos de ley, perciben cero pesos en mano o incluso terminan debiéndole a la prestadora de salud. Ante esta realidad, la renuncia es inmediata porque trabajar deja de ser una opción de subsistencia», explicó Staiti. Esta crisis de recursos humanos impacta directamente en la excelencia educativa, llegando al extremo de tener estudiantes al frente de cátedras por falta de graduados. «En facultades de Ciencias Exactas de Buenos Aires, ante la ausencia de profesionales que quieran rendir concursos por sueldos que no cubren la canasta básica, se ha tenido que recurrir a estudiantes de años avanzados para sostener el dictado de las materias», aseveró.
El costo invisible del ajuste
La modalidad de clases públicas busca mantener el vínculo pedagógico mientras se traslada el conflicto a la calle, intentando mitigar el impacto en el aprendizaje de los alumnos. «El paro es lo más palpable, la sensación de pérdida que el padre o el alumno siente hoy. Pero la degradación que ha sufrido la docencia y el personal no docente desde finales de 2024 es lo que realmente debería preocuparnos. Hay distintas instancias de recuperación de saberes, pero cuando un docente renuncia o apela al pluriempleo y reduce su carga horaria, el dictado se resiente de forma irreversible. Estamos viendo un proceso de ahogamiento y vaciamiento que va mucho más allá de una semana sin clases», declaró Staiti al respecto.
¿La paritaria como única salida?
La falta de diálogo institucional se ha convertido, según la CONADU Histórica, en el principal obstáculo para destrabar un conflicto que ya arrastra una deuda salarial cercana al 50%, profundizando la incertidumbre en el ámbito académico. El eje del reclamo reside en la magnitud de la deuda acumulada que el Estado mantiene con los trabajadores del sector. «Hoy el gobierno nos adeuda entre un 47,7% y un 48% de nuestros salarios. Es un número que suena a locura, y por eso es indispensable la paritaria: para acercar posiciones y discutir seriamente cómo recomponer ese desfasaje», expuso la dirigente. En este contexto, la Federación denunció una política de decretos versus diálogo que impide cualquier tipo de consenso. «Las recomposiciones actuales llegan por decreto, son retroactivas y siempre quedan por debajo de la inflación. El Gobierno se niega a tener un diálogo real», afirmó. Asimismo, recordó que la normativa vigente obliga al Ejecutivo a convocar a los gremios: «En una paritaria hay escucha y negociación; hoy lo que tenemos es un monólogo administrativo que solo profundiza el conflicto y aleja cualquier posibilidad de solución para nuestras universidades».
Una crisis que no distingue jerarquías
Finalmente, Staiti comentó que la situación afecta por igual a investigadores consagrados y a trabajadores no docentes, desarticulando el engranaje que permite el normal funcionamiento de las altas casas de estudio. «No es solo un tema de bolsillo, es un tema de dignidad y de supervivencia del modelo universitario argentino. Cuando visitamos las facultades y vemos que no hay docentes para cubrir las asignaturas fundamentales, entendemos que estamos ante un mapa muy sombrío», describió. «Si no nos sentamos a discutir con los números sobre la mesa y bajo el amparo de la Ley de Financiamiento, la universidad pública seguirá perdiendo a sus mejores cuadros. Necesitamos voluntad política para que la educación deje de ser una variable de ajuste», sentenció.