El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, Gerardo Fernández, trazó un panorama preocupante sobre la situación actual de la construcción en el país. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, advirtió que “el principal concepto sería el federalismo, y el federalismo no funciona, y en estos casos se ve con pragmatismo en los hechos”. Según explicó, las provincias no han podido compensar la falta de inversión del Gobierno Nacional en obras públicas, pese a los acuerdos firmados durante la aprobación de la ley base.
Fernández sostuvo que “en términos generales lo que se ha visto es el incumplimiento liso y llano de todos los convenios”, lo que genera un clima de desconfianza entre los gobiernos provinciales y la administración nacional. “Hay respeto institucional, pero hay desconfianza real por el incumplimiento”, remarcó, al describir la situación que se vive en distintos distritos del país.
Al referirse al caso de Mendoza, destacó que la provincia “ha sido una de las que más inversión pública ha hecho, producto de la decisión política del Gobierno local de dar uso a los fondos del resarcimiento de la promoción industrial que se iba a usa en el proyecto de Portezuelo del Viento”. Sin embargo, aclaró que “esto, aunque es una buena noticia, claramente no ha sido suficiente”, ya que el sector privado atraviesa “un momento complejo” por los costos dolarizados y la falta de previsibilidad económica.
En ese contexto, explicó que muchas micropymes dedicadas a la construcción privada han debido volcarse a la obra pública, donde “se está viendo que en las últimas licitaciones hay precios que asustan, muy temerarios”. Fernández advirtió que “el tiempo dirá si se van a poder cumplir esas obras o no, pero por lo pronto no estarían dentro de los rangos de cumplibilidad”, ya que existen presupuestos “por debajo del costo”.
La incertidumbre económica general, marcada por la volatilidad del dólar y la caída de la demanda, afecta directamente a la actividad. “Algunos colegas manifiestan que estamos frente a un estado de psicosis colectiva”, describió el dirigente, y añadió que “la incertidumbre es la que hace que la gente no invierta, no arregle su casa, no compre materiales”.
Fernández advirtió además que los proveedores del sector también sufren la caída de la actividad: “Ha habido un decaimiento importante, los corralones, las empresas de cemento y de hierro manifiestan una caída significativa en los volúmenes de venta”. Esta situación repercute en la recaudación impositiva. “Esto ha significado una caída que ronda el 25% de la recaudación a nivel nacional”, indicó, lo que a su vez “impacta en la coparticipación federal de impuestos”.
El presidente de la Confederación señaló que las provincias y municipios que asumieron obras nacionales hoy enfrentan retrasos en los pagos: “Municipios o provincias que pagaban a 10 días pasaron a pagar a 20 y ahora tratan de pagar a 60”, aseguró. “La cadena de pagos se está viendo resentida; estamos viendo un aumento porcentual de los cheques devueltos”, agregó, remarcando que “la situación momentánea lamentablemente no es buena”.
En cuanto al empleo, Fernández explicó que los datos oficiales reflejan “una caída de 130.000 puestos de trabajo formales y hasta 300.000 entre formales e informales”. Aclaró que “en la pyme constructora se perdieron muchos más puestos de trabajo de los que reflejan los índices oficiales”, aunque en paralelo “hubo un crecimiento del sector energético y minero” que compensó parcialmente la caída en algunas regiones, como Jujuy, Salta, San Juan, Catamarca y Vaca Muerta.
Otro punto de conflicto es la relación con los gremios del sector. Fernández afirmó que “la gente cada vez quiere menos hacer aportes a los gremios, no se siente representada”, y denunció un aumento de las inspecciones y multas por parte del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). “El IERIC tiene un sistema perverso de multas absolutamente anticonstitucional”, dijo, ejemplificando que “una empresa que tiene 10 obreros y deposita un día tarde puede recibir una multa equivalente al día de trabajo por obrero”.
Según el dirigente, “estamos encontrando empresas con multas de 300 millones, 200 millones, 500 millones; las empresas no valen lo que vale la multa”. En ese sentido, sostuvo que “hay un estado de mucha angustia; las empresas están muy enojadas y no hay con quién hablar”, reclamando una revisión urgente del sistema de sanciones.
A pesar del diagnóstico adverso, Fernández se mostró esperanzado respecto del futuro del sector. “Todo lo que viene tiene que ser bueno porque mucho más abajo no se puede caer”, concluyó, confiando en que “en cuanto se estabilicen las variables macro, debería tener un crecimiento significativo”.
