La construcción atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años en San Rafael. La caída sostenida de la obra privada, la virtual paralización de la obra pública de escala, el aumento de los costos, la ausencia de créditos hipotecarios accesibles y la dificultad cada vez mayor para que la clase media pueda acceder a una vivienda propia conforman un escenario que preocupa a empresarios, profesionales y trabajadores del sector. El diagnóstico fue compartido por representantes de la Cámara de Comercio, el Colegio de Técnicos, el Colegio de Arquitectos y el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos durante una entrevista llevada a cabo en el programa «Todas las Voces», que conducen Ariel Sat y Alejandro Sosa por FM Vos 94.5, donde además coincidieron en que la solución requerirá una fuerte articulación entre el Estado, el sistema financiero y las instituciones.
Participaron del encuentro Fernando Sombra, presidente de la Específica de la Construcción de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael; Andrés Giménez, presidente del Colegio de Técnicos de Mendoza Regional Sur; Nicolás Patta, presidente de la Regional Sur del Colegio de Arquitectos; y Rodolfo Piastrellini, representante del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos. Si bien cada uno aportó la mirada propia de su institución, todos coincidieron en que la realidad actual es consecuencia de una combinación de factores económicos, financieros y políticos que terminaron por golpear a una actividad que históricamente funcionó como uno de los motores de la economía local.
Una actividad que se sostiene con esfuerzo mientras los costos siguen creciendo
El primer diagnóstico llegó desde la Cámara de Comercio. Fernando Sombra no buscó eufemismos para describir el momento que atraviesa el sector y resumió la realidad en una definición que luego sería reforzada por el resto de los invitados.
«La situación realmente la puedo traducir en una sola palabra: compleja, difícil», afirmó, antes de aclarar que la Cámara tiene un rol institucional de gestión y representación, pero que mantiene un contacto permanente con las empresas y conoce de primera mano las dificultades que enfrentan diariamente.
Esa complejidad, explicó, no puede medirse únicamente a través de los indicadores oficiales. Según detalló, existe una diferencia cada vez mayor entre los índices que reflejan la evolución de la actividad y los costos reales que deben afrontar quienes trabajan en la construcción. Para ejemplificarlo recurrió a la experiencia de la empresa que dirige, dedicada a la provisión de áridos e insumos para el sector.
«Tenemos un índice o un costo realmente que impacta y que desde enero a la fecha acumula alrededor del 35 por ciento solamente en combustible. Entonces, cuando vemos la variación de costos desde enero a la fecha estamos hablando de un 6 por ciento. Los índices no van de la mano de la realidad».
Ese desfasaje obliga a muchas firmas a resignar rentabilidad para no perder competitividad en un mercado cada vez más reducido. «Las empresas nos vemos en la obligación de mantener la rueda girando y achicándonos lo más que se pueda en costos», señaló Sombra, al explicar que en numerosos casos resulta imposible trasladar todos los aumentos al precio final porque la demanda simplemente desaparece. «No podemos acompañar o elevar esos costos porque la realidad es distinta», resumió.
Durante la entrevista también se abordó el incremento que experimentó el valor del metro cuadrado, que hoy supera ampliamente los mil dólares en una obra formal. Sin embargo, Sombra consideró que esa cifra por sí sola no alcanza para describir el esfuerzo económico que representa construir una vivienda, ya que antes incluso de iniciar la obra debe contemplarse el valor del terreno. «A ese costo le tenés que sumar si esa persona realmente tiene el lote», advirtió, dejando en evidencia que el acceso a la vivienda quedó restringido para una porción cada vez más pequeña de la sociedad.
La preocupación no se limita únicamente a los empresarios. Andrés Giménez explicó que el Colegio de Técnicos viene registrando desde hace tiempo una caída constante en la cantidad de expedientes y trabajos que ingresan a la institución, un indicador que, según sostuvo, refleja con claridad la retracción que atraviesa toda la actividad.
«Se nota y se evidencia una caída firme. Solamente relacionando los índices o el trabajo que ingresa al colegio desde el año 2023 a hoy, la baja ha sido importante, muy importante», afirmó.
A su entender, el mayor impacto lo sufre la clase media, que históricamente fue el principal motor de la construcción de viviendas particulares. «La clase media es la que no puede alcanzar su casa», sintetizó, para luego identificar el principal obstáculo que enfrenta ese sector de la población. «Sumale la falta de créditos hipotecarios, que es gravísima, porque casi nadie califica para un préstamo hipotecario hoy en día, lo que lo hace más complicado todavía. Una persona que se compra un terreno, lo tiene que comprar en miles de cuotas, no lo puede escriturar, por ende no puede sacar un préstamo«.
Giménez recordó que durante la vigencia del programa Procrear el movimiento de la construcción fue muy diferente al actual. Reconoció que aquella política tuvo aspectos discutibles, pero destacó el efecto multiplicador que generó sobre toda la cadena productiva.
«Procrear, aunque haya sido malo o discutible cómo se instrumentó, fue lo que más movió en ese momento. Hubo un movimiento impresionante, donde los corralones vendieron una locura, los terrenos se vendían porque el crédito apuntaba a la compra del terreno y la construcción».
Por esa razón sostuvo que una política de financiamiento similar podría transformarse nuevamente en el punto de partida para la recuperación del sector. «Si hoy alguien propone desde un banco un plan así, creo que sería un muy buen puntapié para que esto termine de acompañar el despegue del que tanto se habla».
A esa dificultad se suma, según explicó Giménez, el funcionamiento actual del programa Construyo Mi Casa del Instituto Provincial de la Vivienda. Si bien destacó la herramienta, remarcó que las exigencias para acceder al financiamiento terminan dejando afuera justamente al sector al que pretende beneficiar.
«Es un muy buen programa, pero tenés que ir con el terreno escriturado a tu nombre. Es muy difícil empezar».
Mientras tanto, muchos comercios del rubro buscan sostener el nivel de ventas congelando precios o reduciendo márgenes de rentabilidad, aunque esa estrategia tampoco alcanza para compensar la falta de demanda. «Los corralones tienen bastante congelados sus precios para fomentar la venta», señaló Giménez, quien coincidió con Sombra en que el verdadero problema continúa siendo la ausencia de financiamiento para quienes desean construir.
La caída de la obra registrada, el crecimiento de la informalidad y el reclamo por un cambio de rumbo
Si la percepción de empresarios y técnicos ya dibujaba un panorama preocupante, los números que aportó Nicolás Patta terminaron de dimensionar la magnitud del problema. El presidente de la Regional Sur del Colegio de Arquitectos explicó que el trabajo cotidiano de la institución permite seguir casi en tiempo real la evolución de la actividad formal y aseguró que el retroceso registrado durante el último año resulta inédito.
«Con Rodolfo y con Andrés nos reunimos toda la semana buscando herramientas, buscando la vuelta. Nosotros manejamos muchos datos, que son números de obra en blanco, porque sabemos que hay mucha obra clandestina, pero hemos visto una caída grandísima».
El dirigente detalló que el descenso puede medirse con precisión a partir de los certificados profesionales emitidos para viviendas unifamiliares. «Hoy en la provincia tenemos 1.085 certificados de viviendas unifamiliares, cuando el año pasado teníamos 3.700. Estamos a un 70 por ciento abajo en viviendas unifamiliares del año pasado».
La cifra refleja únicamente la actividad formal, ya que una porción importante de las obras continúa realizándose sin la correspondiente registración. No obstante, tanto Patta como Piastrellini coincidieron en que esa informalidad no alcanza para explicar semejante derrumbe. La mayor parte de esas construcciones clandestinas corresponde a ampliaciones, remodelaciones o incorporaciones sobre viviendas ya existentes y no a nuevas unidades habitacionales.
Piastrellini explicó que ese fenómeno existe desde hace muchos años y que suele estar relacionado con familias que agregan un dormitorio, una cochera o un pequeño local comercial sin completar los trámites correspondientes. Aun así, sostuvo que la caída de la actividad formal responde principalmente a que hoy simplemente se construye mucho menos.
En la misma línea, Patta aseguró que el escenario puede advertirse con solo recorrer los barrios de la ciudad. «Los constructores te están escribiendo todos los días para ver si no tenés alguna changa. Hay constructores que antes esperabas seis u ocho meses y hoy me escriben todos los días preguntando si tengo algo. La gente de la calle lo ve. Donde antes había quince o veinte obras por barrio, hoy hay dos o tres».
Otro aspecto que ocupó buena parte del debate fue el costo que implica desarrollar una obra completamente registrada. Mientras se analizaban las diferencias entre construir en blanco o hacerlo por fuera del circuito formal, Piastrellini explicó que los gastos municipales representan una incidencia mínima dentro del valor total de una vivienda y sostuvo que el verdadero problema continúa siendo la ausencia de financiamiento.
También defendió el papel de los profesionales, al recordar que la intervención de arquitectos, ingenieros y técnicos no constituye un mero trámite administrativo, sino una garantía para la seguridad de quienes habitarán esas construcciones. En ese sentido, Andrés Giménez señaló que muchas veces los clientes cuestionan esos costos sin advertir que forman parte del proceso normal de cualquier obra y que resultan fundamentales para asegurar la calidad y legalidad de las edificaciones.
Durante la conversación también se abordó la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Piastrellini explicó que proyectar el crecimiento de una ciudad implica prever futuras avenidas, conexiones y corredores de circulación con décadas de anticipación. Según indicó, cuando una planificación de esas características queda incorporada a la legislación, también modifica el valor de los terrenos alcanzados por esos proyectos y facilita el desarrollo urbano futuro, permitiendo ordenar el crecimiento en lugar de reaccionar cuando los problemas ya están instalados.
Obra pública, fondos provinciales y un reclamo que busca llegar a toda Mendoza
La segunda mitad de la entrevista estuvo atravesada por el debate en torno a la obra pública y, especialmente, por la forma en que el Gobierno provincial decidió distribuir los fondos provenientes del resarcimiento por la promoción industrial, conocidos popularmente como los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento.
Los representantes del sector coincidieron en que nadie discute la necesidad de ejecutar grandes obras de infraestructura, aunque cuestionaron que buena parte de esos recursos se concentren en proyectos que terminan beneficiando a un número muy reducido de empresas constructoras.
Andrés Giménez explicó que uno de los planteos realizados desde las cámaras empresarias apunta precisamente a modificar ese criterio. «La obra debería atomizarse de forma distinta. Muchas veces queda comprendida en dos empresas que tienen tomado alrededor del 60 o el 70 por ciento de la obra pública en Mendoza. Para una pyme es muy difícil llegar».
El dirigente consideró que dividir esas inversiones en proyectos de menor escala permitiría que numerosas empresas locales pudieran competir y participar de las licitaciones, generando un impacto económico mucho más amplio en todo el territorio provincial.
Fernando Sombra compartió ese análisis y sostuvo que una parte muy importante de la inversión pública provincial actual depende justamente de esos fondos extraordinarios. «Una parte muy importante de la obra pública de hoy de la provincia son los 1.023 millones. Si no estuvieran esos fondos, la situación sería mucho más complicada».
El debate derivó luego hacia el destino específico de esos recursos y la posibilidad de financiar otras obras estratégicas para el sur mendocino. Durante la entrevista también se recordó que distintas entidades impulsaron proyectos como el acueducto desde Los Reyunos hacia Bowen y otras iniciativas que contaban con estudios técnicos avanzados y posibilidades concretas de recupero económico.
En ese contexto, Sombra también planteó una contradicción en la política provincial respecto de los mecanismos de financiamiento. Señaló que mientras algunos proyectos requieren demostrar previamente cómo recuperarán la inversión pública, otros reciben financiamiento sin esa misma exigencia. A su entender, esa diferencia de criterios merece una discusión más profunda.
El dirigente también retomó un reclamo histórico de la Cámara vinculado a la presión impositiva que soportan las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido valoró el reciente anuncio realizado por la provincia de Chubut, que decidió eximir del pago de Ingresos Brutos y del impuesto de Sellos a distintas actividades relacionadas con la construcción.
«Con tasas razonables y acompañamiento a las pymes en todo lo que sea presión fiscal ya tendríamos un buen incentivo», afirmó, aunque reconoció inmediatamente que ese escenario todavía aparece lejano. «No lo estamos viendo».
La posibilidad de acceder a créditos volvió a aparecer como el principal punto de coincidencia entre todos los invitados. Tanto empresarios como profesionales sostuvieron que ninguna reducción impositiva alcanzará por sí sola si las familias continúan sin herramientas financieras para construir o comprar una vivienda.
Ya sobre el final del programa, los cuatro representantes coincidieron en que la salida no dependerá exclusivamente del sector de la construcción. Nicolás Patta propuso avanzar hacia una mesa de trabajo integrada por los colegios profesionales, bancos, organismos provinciales, municipios y otras instituciones para buscar soluciones conjuntas. Explicó que incluso comenzaron conversaciones con escribanos, contadores, abogados, agrimensores y otras entidades porque entienden que la crisis ya dejó de ser exclusivamente un problema de la construcción y afecta al conjunto de la economía regional.
A esa iniciativa se suma el trabajo que distintas instituciones comenzaron a desarrollar en materia de capacitación. Fernando Sombra explicó que, frente a la falta de actividad, muchas empresas decidieron apostar por la formación y la actualización tecnológica de sus trabajadores. «Ante la falta de trabajo, ¿qué estamos haciendo? Capacitándonos, abriendo capacitaciones, actualizándonos a nuevas tecnologías constructivas. Buscándole la vuelta, hasta incluso reinventándonos».
Sin embargo, el dirigente expresó una preocupación adicional que trasciende la coyuntura económica. «En obra noto desgano y también que se ha perdido un poquito el aprendizaje, la escuela. Deberíamos trabajar sobre eso porque en algún momento esto tiene que salir y ahí vamos a necesitar mano de obra y oficios».
Piastrellini sobre el cierre expresó “Yo soy el más viejo de esta mesa, y viví laboralmente las dos situaciones, hace 26 años atrás me pasó exactamente lo mismo que nos está pasando hoy. Entonces vos decís, y bueno, sí, es la salida, tenemos que hacerlo, nos tenemos que juntar, y la frase más fuerte de lo que yo rescato ahora es probablemente nuestro reclamo es tibio, lo que me lleva a que cuando vos haces un reclamo ante un sordo, capaz que el reclamo no sea hablando, y eso es lo que me preocupa. ¿hasta dónde vamos a tener que llegar con el reclamo? Realmente eso es lo que me preocupa de hoy, no era así en el 2000, esta es la gran diferencia de antes, no era así en el 2000, vos sentabas a los funcionarios, y los funcionarios participaban, pero hoy día no se sientan, no te escuchan”.
La entrevista concluyó con un mensaje compartido entre todos los participantes: la necesidad de que las instituciones mantengan el trabajo conjunto, profundicen los reclamos y construyan consensos que permitan recuperar una actividad considerada clave para la generación de empleo y el desarrollo económico de San Rafael.
Más allá de las diferencias sobre las herramientas necesarias, el diagnóstico fue unánime: sin financiamiento accesible, mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en la obra pública y políticas que impulsen nuevamente la inversión, la construcción continuará atravesando un escenario de fuerte incertidumbre.
