La Corte Suprema de la Nación tomó una serie de medidas este martes para avanzar en los procesos que se comenzarán próximamente contra el suspendido juez federal de Mendoza, Walter Bento, acusado por actos de corrupción y suspendido por el Consejo de la Magistratura a fines de mayo.
Una está relacionada con la contratación de abogados para colaborar en el juicio político y la otra al rechazo de un recurso que presentó el hijo mayor del magistrado -también procesado en la megacausa conocida como Bentogate– para que se anule su cesantía en la Justicia federal de la provincia.
Según lo informado por el diario Clarín, el máximo tribunal de Justicia autorizó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a contratar siete secretarios letrados para comenzar con el proceso de remoción del magistrado.
En la acordada que trascendió en las últimas horas, la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura consiguió facultades para suscribir, a partir del 31 de mayo y hasta el 27 de noviembre de este año, “los contratos a favor de 7 agentes con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de jefe de despacho (relator), para desempeñarse en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a razón de 1 por Vocalía”.
Por otro lado pero siempre en relación con el caso, los ministros de la Corte estudiaron y resolvieron una presentación que hizo Nahuel Bento en los últimos tiempos, quien denunció “la arbitrariedad en el caso es gravísima porque fue suspendido y cesanteado cuando se hallaba con licencia psicológica y psiquiátrica” en la Justicia federal.
A pesar del recurso, el máximo tribunal consideró que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza tomó “la precaución de dar intervención al Cuerpo Médico Forense, dependencia que dictaminó que sus antecedentes de salud no le impedían el ejercicio de su defensa material respecto de actuaciones que pudieran formularse en su contra”, señala uno de los párrafos del veredicto publicado por el diario porteño.
Y agrega: “La solicitud de avocación el Dr. Nahuel Bento se limita a denunciar que existieron irregularidades en el trámite de las actuaciones sumariales y reproducir definiciones del concepto de arbitrariedad o del principio de inocencia, pero ello sin fundar suficientemente la alegada configuración de esos supuestos en su caso”.
En la resolución en la que no hicieron lugar a la queja, advirtieron que “las faltas endilgadas al funcionario investigado comprobadas por la cámara, sumado al procesamiento firme que pesa en su contra por un delito muy grave, revisten entidad suficiente como para considerar justificada la insuperable pérdida de confianza de sus superiores, por lo que la separación del cargo no es arbitraria…”
Bento está procesado como jefe de una asociación ilícita que otorgaba beneficios a presos federales a cambio del pago de coimas en dólares. Además, lo acusaron por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Mientras se espera una fecha para el juicio político, está previsto que el 26 de este mes se siente en el banquillo de los acusados para responder por esos hechos en los Tribunales federal de calle Pedro Molina y España de Ciudad, junto con otros 29 sospechosos.
Con información de Clarín – El Sol
