Tras la sanción de leyes el jueves en el Senado de la Nación que buscan mejorar la situación de los jubilados, desde la Defensoría de la Tercera Edad se planteó un diagnóstico crítico sobre la realidad de este sector, al que se definió como “la clase social en la Argentina que está en mayor emergencia”. Así lo expresó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, en diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, donde brindó un panorama detallado y sin eufemismos.
El entrevistado hizo un pequeño análisis de lo ocurrido desde la asunción del gobierno nacional y los intentos del Congresos de aumentarles los haberes y la negativa del presidente Milei.
“Hace un poquito más de un año ya pasó esto, pero después de haberse en aquel momento reunido las Comisiones durante cuatro o cinco meses.
Esto es un déjà vu de aquello, porque recordemos que se sancionó exactamente lo mismo que ahora, salvo el tema moratoria, porque en aquel momento estaba vigente. El Ejecutivo vetó a los pocos días la sanción, algunos que habían impulsado inclusive el proyecto original y luego apoyaron el veto, una cuestión, como todo se olvida en Argentina, olvidamos los nombres. En aquel momento también, cuando ya todo parecía olvidado, nosotros desde la Defensoría, con Andrés Gil Domínguez, hicimos un planteo de inconstitucionalidad sobre los fundamentos del veto”, explicó.
“El veto es una facultad del Ejecutivo, pero tiene que estar fundado, cosa que no ocurrió en esa instancia. Y hoy tenemos juicios que se están llevando en Ciudad de Buenos Aires, Comodoro, Bahía Blanca, Chaco, con los jubilados de cada uno de esos lugares. Obviamente que lleva su tiempo, porque los tiempos de la justicia argentina son lentos, pero bueno, es lo que nos permitía hacer el Estado de Derecho. Los legisladores se olvidaron hasta este año que recuperaron la memoria. El Ejecutivo adelantó que iba a tener la misma actitud que el año pasado, que iba a vetar, y que cualquier cosa si no iba a judicializar el tema. Lo cierto es que todo esto ocurre, porque en este año y medio de tratamientos y demás, el haber del jubilado se siguió licuando. Es decir, hoy estamos sumergidos, y esto ya lo planteamos antes de que se trate el proyecto de ley, lo venimos señalando ya hace mucho tiempo, en una situación crítica, en una crisis humanitaria del sector. Por lo cual estamos requiriendo que se reconozca esta emergencia, y que se hagan cargo los Estados, tanto el Estado Nacional, como los Estados municipales, perdón, provinciales y municipales. Porque no solo hay un amplio sector que ha perdido la calidad de vida de millones de personas, sino que vienen perdiendo la vida” dijo tajante Semino.
“Hoy estamos sumergidos, y esto ya lo planteamos antes de que se trate el Proyecto de Ley, lo venimos señalando ya hace mucho tiempo, en una situación crítica, en una crisis humanitaria del sector”, sostuvo Semino. Según precisó, la última canasta del jubilado calculada en los primeros días de abril con gastos de vivienda se ubicaba en 1.200.000 pesos, mientras que cinco millones de jubilados y pensionados de haberes mínimos perciben por todo concepto apenas 379.000 pesos.
“No sólo hay un amplio sector que ha perdido la calidad de vida de millones de personas, sino que vienen perdiendo la vida”, expresó con firmeza. El defensor explicó que, en la actualidad, medio millón de personas con discapacidad reciben 330.000 pesos y otras 500.000 personas cobran sumas cercanas a 350.000 pesos.
Semino afirmó que esos montos “obviamente no cubren un cuarto de su canasta de necesidades básicas y esto se traslada a lo que señalaba y de ahí el pedido de emergencia”. Según dijo, desde la Defensoría atienden diariamente entre 300 y 400 casos de personas en situaciones extremas: “La gente no sólo no puede comer lo que necesita, sino que en las etapas agudas de la enfermedad o en la cronicidad no puede adquirir el medicamento con descuento”, remarcó.
La situación hospitalaria es otro punto de alarma: “En los periodos de mayor morbilidad como este, no tenemos camas de agudos, mucho menos crónicos. La verdad que es una situación muy muy grave”, indicó.
La crisis habitacional también impacta de lleno: “Cuando abrimos la Defensoría está la larga cola de los que durmieron en la calle, de los que estuvieron en algún parador, o los que paran en las pensiones que son verdaderas pocilgas de San Telmo, Monserrat, cuatro o cinco cuadras de Plaza de Mayo, de Casa de Gobierno, donde una habitación con baño compartido hay que pagar alrededor de 250 mil pesos”, describió Semino.
Además, recordó que muchas de esas personas provienen de sectores medios: “Es gente que aspiracionalmente fue de clase media y que cayó al vacío con la jubilación”.
El defensor también cuestionó la mirada de quienes proponen que la familia se haga cargo de los adultos mayores: “A veces escucho con preocupación la mirada de muchos políticos que dice que los ayude la familia, con un típico pensamiento de los siglos XIX, que supone inclusive que sigue existiendo como realidad social la familia nuclear, cosa que hoy hay cientos de miles, millones, que no tenemos quien nos ayude”, afirmó.
En relación con los haberes jubilatorios, Semino destacó que el monto promedio informado por el Ministerio de Economía “son falacias”, ya que excluyen a quienes ingresaron por moratoria. A ello se suma el mecanismo del conocido como “bono”, que desde mediados de 2022 funciona como un complemento discrecional a los haberes.
“Los 6 millones de las mínimas, las personas con discapacidad, reciben algo que es un despropósito, no tiene explicación en el mundo, que acá llamamos bono”, explicó. Semino denunció que ese bono se utiliza con fines políticos: “En la gestión pasada se instrumentó para las elecciones, entonces subía el bono antes de una elección y caía al mes siguiente. Y el actual ministro, que se autopercibe distinto al anterior, hace exactamente lo mismo”.
El defensor señaló que el monto del bono quedó congelado en 70.000 pesos desde marzo del año pasado, generando una pérdida constante del poder adquisitivo: “Eso hace que la pérdida de poder adquisitivo de esa suma, al día de hoy, ha hecho que en cada uno de los meses se licue el haber”, indicó.
Asimismo, explicó que las actualizaciones por inflación aplicadas sobre el haber no incluyen el bono, lo que profundiza la pérdida real: “Por ejemplo, este mes se reajustó al 1.5, entre paréntesis fueron 4.000 pesos, pero el bono sigue siendo 70.000, por lo cual esos 6 millones de beneficiarios no recibieron el total en 1.5, sino el 0.2”, detalló.
Para Semino, esta situación es el resultado de un abandono del tema por parte de la política: “Donde el sistema político abandona los temas”, afirmó. Y fue más allá: “Creo que esto va a causar alguna polvareda más, está mucho más relacionado, yo estuve en varios programas de colegas de ustedes, donde vinieron actores de distintos partidos, distintas fuerzas políticas, y nunca se habló de los jubilados, se hablaba de la contienda entre esas fuerzas políticas, la vicepresidenta, el presidente, los jubilados pasan a hacer todo esto en un convidado de piedra”.
Finalmente, Semino cuestionó el argumento oficial del superávit fiscal: “Resalto esto porque durante también todo este tiempo, la mitad de lo que se defiende del gobierno, que es el superávit fiscal, lo están pagando los jubilados, es ahorro sobre los fondos de la seguridad social, ahorro entre comillas, lo están pagando los jubilados con su vida”.
Desde la Defensoría de la Tercera Edad reiteraron la necesidad de declarar de manera urgente una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional específica para los adultos mayores, en medio de un escenario que Semino no dudó en calificar como “crisis humanitaria”.
