La historia política ha estado, en no pocas ocasiones, teñida por la confrontación y la búsqueda del poder a cualquier precio. Sin embargo, al observar el panorama actual, se percibe una mutación alarmante en las formas. Lo que antaño se dirimía en el terreno de las ideas o los proyectos de país, hoy parece haberse desplazado hacia un escenario de «malas artes», donde la denuncia sin sustento y la incursión en la vida privada de los candidatos se han convertido en la moneda corriente de la estrategia electoral.
Esta erosión del respeto institucional no es un fenómeno aislado. La hiperconectividad y el auge de las redes sociales han actuado como catalizadores de una dinámica perversa. En la era de la inmediatez, una operación de desprestigio —una «opereta»— puede dar la vuelta al mundo en segundos, antes siquiera de que el afectado pueda articular una defensa. El algoritmo no distingue entre una verdad contrastada y una difamación planificada; premia el impacto, el escándalo y la polarización.
Es en este ecosistema donde ciertos espacios políticos han encontrado un terreno fértil. En lugar de elevar el nivel de la discusión pública, optan por la instrumentalización del odio y la descalificación personal. Se busca anular al adversario no por sus falencias técnicas o políticas, sino mediante el ataque a su integridad privada, vulnerando límites éticos que hasta hace poco se consideraban infranqueables. Esta práctica no solo daña a las personas involucradas, sino que corroe la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
En San Rafael, no somos ajenos a estas dinámicas. A medida que nos acercamos a periodos de definiciones, el clima social suele verse afectado por estas tácticas de distracción. Cuando la política se centra en el «carpetazo» o en la denuncia mediática carente de pruebas judiciales, se desatienden los problemas estructurales que golpean a nuestra comunidad. El debate sobre el desarrollo productivo, la infraestructura o la seguridad queda relegado por el ruido de la última tendencia de difamación en redes.
El aprovechamiento de estas herramientas por parte de sectores que buscan el poder a través del caos es una señal de debilidad institucional. Una democracia sana exige transparencia, pero también responsabilidad. La libertad de expresión no debería ser el escudo detrás del cual se esconden ejércitos de cuentas falsas y laboratorios de guerra sucia encargados de demoler reputaciones.
Resulta imperativo que la sociedad civil y los medios de comunicación recuperen su rol crítico y no se conviertan en meros amplificadores de estas maniobras. La política debe volver a ser el arte de lo posible para el bien común, y no el arte de la destrucción del prójimo. Mientras el fango siga siendo la principal herramienta de campaña, el verdadero perdedor será siempre el ciudadano que espera soluciones reales a problemas tangibles.
