La propuesta de desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), impulsada desde esferas del gobierno nacional, ha desatado una polémica que sacude los cimientos de la industria vitivinícola, y que en San Rafael se siente con especial preocupación. Más allá de la simplificación burocrática prometida, la medida toca fibras sensibles que atañen a la salud pública, la competitividad internacional y la identidad misma de nuestro vino.
La filosofía detrás de la desregulación apunta a liberar al sector de un «exceso de control». Sin embargo, el INV no es un organismo meramente burocrático; es la garantía de origen y calidad que la Argentina vende al mundo. Su función principal es la fiscalización, un escudo que protege al consumidor y, paradójicamente, al productor honesto.
Las críticas que emergen desde el sector técnico y empresarial no son menores. El principal temor es la pérdida de la trazabilidad. Si se flexibilizan los controles de análisis y seguimiento desde la uva hasta la botella, ¿cómo podrá el consumidor tener certeza de lo que está bebiendo? En un escenario sin la rigurosidad del INV, el riesgo de adulteración o contaminación se incrementa exponencialmente.
Y aquí la preocupación se vuelve sanitaria: una menor fiscalización abre la puerta a la comercialización de vinos que no cumplen con los estándares de composición, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. La aparición de productos con residuos indebidos o elaborados con prácticas fraudulentas no sólo afecta al consumidor interno, sino que dinamita la reputación construida con décadas de esfuerzo en los mercados externos.
El vino argentino no es un producto más. Es un embajador de nuestra tierra. El INV es el que le dice a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y a los importadores de Europa y Estados Unidos: «Esto es vino de verdad y cumple con las normas internacionales». Desregular el control es, para muchos, equiparable a bajar la calidad de la marca país.
San Rafael, con su rica tradición y sus productores pequeños y medianos, necesita más control y no menos. Necesita un INV fuerte que evite que el fraude de unos pocos manche el trabajo de los muchos que apuestan por la calidad.
El impulso desregulador debe medir cuidadosamente el costo-beneficio. Si la simplificación administrativa implica sacrificar la calidad, la salud y la credibilidad internacional, el brindis por la «libertad» será un trago amargo para toda la vitivinicultura nacional.
