La discusión de la semana: ¿presos políticos o políticos presos?

Esta semana, una polémica pareció surgir en el seno del gobernante Frente de Todos cuando el propio presidente Alberto Fernández salió a pedirle a sus compañeros que no digan que en nuestro país hay presos políticos, tal como habían afirmado algunos de ellos respecto a las causas judiciales en el marco de las cuales se hallan privados de su libertad el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de planificación Julio De Vido o la dirigente social jujeña Milagros Sala.

“Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo”, afirmó un tanto molesto el mandatario durante una entrevista radial, y agregó que “tenemos que ser prudentes porque alguien puede llegar a pensar que nuestro gobierno está deteniendo gente sin causa”. No obstante, Fernández también dejó clara su postura de que durante la administración del ex presidente Mauricio Macri “hubo detenciones arbitrarias”. “Desde 2016 vengo diciendo que los procesos muchas veces estaban enviciados por sus formas y que eso afectaba a opositores del gobierno de Macri”, afirmó Fernández.

En este mismo espacio ya ha quedado dicho que algunos pronunciamientos judiciales alineados con la “doctrina Irurzun” mandaron a encarcelar a ex funcionarios o partidarios kirchneristas antes de la sentencia, aduciendo que mantenían cuotas de poder que les permitirían esquivar el accionar judicial. Técnicamente, esa conducta jurídica muchas veces tiene diferentes interpretaciones.

No obstante, está claro que, en el marco de ese pretendido Estado de Derecho integral, también se debe pugnar porque quienes hayan cometido hechos de corrupción sean juzgados y eventualmente condenados.

Cuando el debido proceso sea respetado a rajatabla, cuando los Poderes Judiciales sean real y permanentemente imparciales y cuando el clientelismo partidario sea repudiado por la “Justicia”, entonces algunas discusiones ya no tendrán sentido.