La relación entre la dirigencia política y la ciudadanía civil en la Argentina contemporánea viene sufriendo un proceso de mutación que excede los límites de la tradicional crisis de representatividad. Asistimos a una fisonomía de la gestión pública caracterizada por una aparente y profunda desconexión, donde los representantes y los representados parecen habitar galaxias diferentes, regidas por leyes de gravedad completamente distintas. Mientras en el llano de la realidad material la sociedad tramita el día a día en un escenario de incertidumbre, recesión y desamparo, en las esferas del poder central se celebran victorias estadísticas e ideológicas que no registran el menor pulso vital en la calle.
Esta distancia astronómica no es una mera casualidad metodológica; es una construcción deliberada que se sostiene a partir de un blindaje comunicacional específico. La futilidad de los discursos oficiales se nutre de una decisión sistemática por parte de los gobernantes: la elección de vincularse con la opinión pública de manera exclusiva a través de canales y medios de comunicación que les son afines, por no decir abiertamente obsecuentes. El debate de ideas y la requisitoria periodística rigurosa han sido prolijamente reemplazados por el monólogo amigable, la entrevista coreografiada y el aplauso complaciente de “periodistas” que actúan como validadores de una realidad de laboratorio.
Cuando la palabra pública se refugia en el coro de los convencidos, el ejercicio del poder pierde su fisonomía democrática y se transforma en un soliloquio narcisista.
Para el entramado social del interior profundo, en comunidades como San Rafael o General Alvear, esta disociación adquiere una crudeza inocultable. En el último tiempo, Diario San Rafael y FM Vos han pretendido obtener definiciones de la realidad local con dirigentes que, llamativamente, no han respondido a la requisitoria. Nobleza obliga, debemos decir que algunos sí aceptan la invitación periodística pero otros demasiados -la mayoría, por no decir todos, pertenecientes a la Unión Cívica Radical o La Libertad Avanza- no han querido responder a las preguntas -siempre respetuosas- que les quisimos hacer. Incluso, algunos ni siquiera se toman la molestia de responder los mensajes de nuestros medios.
Evitar el contraste con el pensamiento disidente y clausurar el acceso al periodismo independiente es un síntoma de debilidad institucional y argumental. La viabilidad de una república legítima exige que sus dirigentes abandonen la comodidad de esas galaxias artificiales construidas por sus propios entornos y regresen a la experiencia humana del ciudadano de carne y hueso.
Continuar alimentando un ecosistema de obsecuencia mediática para simular un consenso que la calle desmiente a diario solo profundiza el desamparo civil. Los políticos deben recordar que, además de su obligación legal de informar y rendir cuentas de sus actos ante la sociedad, su límite moral es la realidad del pueblo que la sostiene; persistir en la distancia con su propio electorado es el camino más corto hacia una ruptura irreversible del contrato social.
