La doctrina Irurzun y los vientos de cambios

Una de las actitudes procesales más polémicas de los últimos años en la Justicia Federal argentina es la llamada “doctrina Irurzun”, que disparó las prisiones preventivas de exfuncionarios kirchneristas desde los últimos meses de 2017.
La célebre doctrina, que si bien no fue concebida pero sí fue aplicada, en expedientes relacionados con presuntos hechos de corrupción durante la administración kirchnerista, por el camarista federal Martín Irurzun, es una construcción jurisprudencial que justifica las detenciones preventivas de ciertos imputados que –según su teoría– “por sus relaciones, contactos o lazos generados mientras estuvieron en la gestión pública” podrían entorpecer una investigación judicial, incluso años después de abandonar el cargo, a través de esos contactos.
La jurisprudencia es conteste al establecer que, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y jurídico inferior, el principio en cada proceso penal es la libertad del imputado y que la prisión preventiva es una excepción. Asimismo, los especialistas sostienen que el dictado de una medida extrema, como poner en prisión a un acusado, se debe evaluar para cada caso en concreto y los jueces deben justificar la medida con «criterios objetivos», al contrario de lo que sucede con el criterio de Irurzun y de otros de sus colegas.
Además, de acuerdo a la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia, las únicas razones que permiten la prisión preventiva son el peligro de fuga del imputado o que la persona pueda obstaculizar el proceso. Quien evalúa esos riesgos es el juez actuante y una parte mayoritaria de la opinión jurídica argentina ha sostenido la arbitrariedad o, al menos, la exageración con que se aplicaron las detenciones en los casos mencionados.
Los últimos meses, sobre todo después de los últimos resultados electorales, han determinado que la “doctrina Irurzun” comience a ser descartada por los jueces, incluso por algunos que hasta hace bien poco la aplicaban. De hecho, varios exfuncionarios K empezaron a ser liberados en estos días. ¿Cambio de criterio, vuelta a la legalidad o simple conveniencia política?