Las expectativas son las conjeturas que hacemos las personas respecto a lo que puede ocurrir en el futuro más o menos inmediato. Por ejemplo, podemos considerar que «este año las cosas estarán o no mejores», o que «podremos o no concretar tal o cual proyecto». Claramente, estas expectativas no tienen, en general, apoyo en en información estadística sino más bien en «corazonadas» o nuestra experiencia previa.
En este sentido, los empresarios, que arriesgan cifras más elevadas que los consumidores individuales cuando van a realizar una inversión muy probablemente sean más cautos que aquellos, a la vez que -a diferencia de los consumidores- no necesariamente están «obligados» a efectuar desembolsos. Así, la inversión es más volátil que el consumo.
Justamente, esta «volatilidad» de la inversión es la que explica -al menos en gran medida- los ciclos económicos. Cuando «las expectativas» son confusas o directamente negativas, especialmente para los empresarios, la inversión decae y su disminución implica también una menor capacidad en todo sentido de producción.
Es claro que, más allá de las decisiones gubernamentales correctas en diferentes áreas de política económica que puedan contribuir a bajar la inflación y/o elevar la producción y el empleo, una medida por demás eficaz y “barata” es crear “expectativas favorables”, en términos de dar tranquilidad a la sociedad, asegurando el respeto a los derechos de propiedad, la libertad de comercio, el diseño de una imposición equilibrada y razonable, y otras que, plenamente insertas en las prescripciones constitucionales, le den certidumbre a los empresarios y consumidores de que las reglas de juego están para cumplirse y que el Estado sea garante de los derechos de todos y no el factor desencadenante de la conculcaciones de esos derechos, con efectos retroactivos en numerosas oportunidades, además, y obvias consecuencias devastadoras sobre la economía.
