La educación mendocina y una deuda que alcanza a toda la clase política y partidista
Este domingo, en el habitual análisis político que ofrece Diario San Rafael, nos vemos obligados a hacer hincapié en lo que resultó ser uno de los temas de la semana, como fueron las amenazas de tiroteos en escuelas que generaron pánico, paranoia y una consecuencia dolorosa: el viernes, al menos en la Ciudad de San Rafael, hubo ausentismo cercano al 100% y la mayoría de los establecimientos tuvo custodia policial en sus ingresos, a modo de prevenir cualquier tipo de episodio violento.
Lo ocurrido la semana pasada y que el viernes tuvo como efecto que miles y miles de alumnos perdieran un día de clases, nos llama a una profunda reflexión, pero también expone la necesidad de articular políticas serias que aborden el descontrol adolescente en redes sociales, el bullying o acoso escolar y la falta de garantías de seguridad que sufre la mayoría de los establecimientos educativos.
Lo anterior no se resuelve con una o más jornadas de diálogo y/o debates, más allá que siempre suma. Se necesita de un plan de acción que disponga del presupuesto necesario para que en cada escuela se realicen abordajes integrales sobre la problemática de la violencia, el acoso escolar y otras problemáticas que ponen en jaque la integridad de miles de jóvenes y docentes.
El Estado, como administrador de la educación estatal y con injerencia en la pública, debe gozar de las herramientas suficientes para ejecutar el plan antes mencionado. Y para ello se requiere de fondos que habitualmente no se destinan a esos objetivos, pero que necesariamente deben ser dirigidos para ese fin en estos tiempos. Pero también el sector privado debe hacerse eco de este problema y que contribuya también a la causa, habida cuenta que se trata del futuro de todas las comunidades.
Cuando mencionamos que toda la clase política está en deuda con la educación mendocina, no distinguimos de partidos ni espacios, sino que involucramos a todos, porque cuando quienes hoy son oposición tuvieron la posibilidad de gobernar, tampoco abrieron la economía estatal para trabajar de verdad contra la problemática en cuestión.
Párrafo aparte merece el Gobierno Nacional actual, responsables de un claro desfinanciamiento que no provoca otra consecuencia que el deterioro de la calidad educativa.
En este difícil contexto y preocupante panorama, a todos les corresponde contribuir en un plan de acción concreto y contundente, que disponga de las herramientas necesarias para que alumnos, docentes y familias puedan ser parte de una solución que hoy está muy lejos de aparecer.