La reciente y simultánea actualización de los precios de la nafta y el gas natural comprimido en las estaciones de servicio de Mendoza no representa un hecho aislado ni fortuito, sino que se inscribe en una hoja de ruta que ha quedado nítidamente trazada desde la asunción de la actual administración nacional. Lo que hoy padece el bolsillo del consumidor es la ejecución sistemática de una lógica de «sinceramiento» y desregulación que, lejos de ser una respuesta a imprevistos, constituye el eje vertebral de una política económica que ha priorizado la alineación con los valores internacionales por sobre la capacidad de resistencia del mercado interno.
Para ser claros y concretos: en diciembre de 2023 -antes de Milei- el litro de nafta súper rondaba los 410 pesos; hoy está por encima de los 1820. Esto es un aumento, objetivo, del 343%.
Desde aquel diciembre en que Javier Milei tomó las riendas del Ejecutivo, el surtidor se ha convertido en el termómetro más implacable de un cambio de paradigma. La recurrencia de los aumentos revela un patrón de conducta oficial que busca eliminar cualquier vestigio de subsidio o contención estatal en el área energética. En este escenario, las alusiones a los conflictos bélicos internacionales o a la inestabilidad de los mercados externos empiezan a sonar más como una narrativa de conveniencia que como una causa real y determinante. La guerra, en este contexto, parece haberse transformado en una excusa recurrente para justificar una inercia alcista que ya estaba decidida de antemano como parte de un plan de ajuste estructural.
Para quienes habitamos San Rafael, esta realidad golpea con una fuerza particular debido a nuestra fisonomía productiva y geográfica. El movimiento diario no es un ejercicio de ocio, sino la manifestación de una economía regional que se mueve sobre ruedas. El transporte de carga, el traslado de los trabajadores hacia los distritos y el flete de los insumos agrícolas se ven asediados por un costo energético que no da tregua. Cuando el GNC —históricamente el refugio de los sectores con menos recursos y de los trabajadores del volante— sufre un incremento de esta magnitud, se termina por romper el último dique de contención que permitía sostener una mínima rentabilidad en la actividad económica local.
Resulta imperativo analizar estos incrementos no como simples ajustes de pizarra, sino como decisiones políticas que tienen un impacto social profundo y duradero. La persistencia de esta lógica, que ya lleva más de dos años de aplicación ininterrumpida, obliga a preguntarse hasta dónde puede estirarse la tolerancia de una estructura productiva que ya muestra signos evidentes de fatiga.
