Los estudios estadísticos y la práctica demuestran claramente un fenómeno: en nuestro país, los jóvenes de los hogares de menores ingresos son los más perjudicados en el mercado laboral, ya que muestran los números más altos en cuanto a desocupación, informalidad y falta de capacitación.
Si bien en líneas generales Argentina muestra considerables tasas de desempleo y precariedad laboral, que apenas han tenido algunos momentos positivos en las últimas décadas, la desocupación en el segmento más joven de la población -entre 18 y 24 años- es del 13%, mientras que la tasa de asalariados informales asciende a 64% en ese mismo grupo. Asimismo, ese 13% de desempleo juvenil llega casi al 20% en el caso de los jóvenes provenientes de hogares de menores ingresos.
Una brecha de similares características se evidencia en el caso de los trabajos informales: el 64% general para la franja etaria de 18 a 14 años cae a un 48,8% para los de hogares de mayores ingresos y se eleva al 88% en los deciles inferiores.
La informalidad en el primer empleo es el inicio de un círculo vicioso compuesto por ingresos insuficientes, menos probabilidad de adquirir calificaciones y de acceder a trabajos decentes en el futuro. La informalidad se traduce en que a menudo se gana el salario mínimo o menos, se trabaja por jornadas laborales extendidas en condiciones insalubres y sin protección social.
Esta situación viene colocando a nuestro país en un estado de latente desmoronamiento económico, con la consecuente degradación del tejido social. Y la recuperación vendrá, por cierto, después de una sostenida política de inclusión, fomento del trabajo e igualdad que, más allá de la prédica de uno u otro sector, no se vislumbra en el horizonte cercano. Esas medidas deberán incluir el fomento al primer empleo (para trabajadores y patrones), la capacitación de nuestros jóvenes y el control del Estado para evitar abusos en el ya precario mundo laboral argentino.
