Un escándalo sacude al sector inmobiliario de San Rafael, donde la Constructora Quiroz es investigada por posibles estafas. La abogada Mariela Herrera, quien representa a una de las familias afectadas, expresó su indignación ante la inminente decisión de la fiscalía de archivar la causa penal por estafa argumentando que se trata de un simple incumplimiento, mientras que la letrada aduce que fue un acto premeditado. Herrera relató que la denuncia por el delito de estafa fue presentada el año pasado ante la Fiscalía de Instrucción, a cargo del doctor Javier Giaroli. Sus clientes, un matrimonio de adultos mayores oriundos de San Rafael, pero residentes en Buenos Aires, pagaron el 100% del valor de su casa propia en 2022. En ese momento, el metro cuadrado se cotizaba a $167.000 para una vivienda económica de un baño, una habitación y un espacio multifunción. A pesar de haber desembolsado la totalidad del dinero, la construcción nunca se inició. La abogada describió cómo la constructora Quiroz orquestaba lo que considera un engaño. «La empresa operaba desde oficinas de lujo en la calle Las Heras, mostrando varios proyectos de casas, materiales y simulando un negocio en plena faena. Una vez que el cliente decidía el modelo de casa, se los enviaba a una escribana para firmar un contrato de locación de obra, en el cual se dejaba constancia de la entrega del dinero. La escribana ha certificado cerca de 200 firmas en dos años, lo que sugiere una gran cantidad de damnificados», alertó.
Falta de antecedentes y desaparición de la empresa
La doctora Herrera señaló que no tiene conocimiento de antecedentes sólidos de la constructora en el rubro. La empresa, constituida en enero de 2021, tenía su domicilio social en Fleming 936, una dirección donde hoy funciona un kiosco. Su capital social era de apenas $150.000, y actualmente solo posee una camioneta Toyota modelo 2023 con innumerables embargos, lo que hace imposible iniciar una acción civil para recuperar el dinero. «Mis clientes fueron literalmente engañados, ya que la empresa montaba todo un escenario para poder estafar, sin intención real de construir. Hoy, la constructora ha cerrado sus puertas en la calle Las Heras, sus redes sociales están inactivas y no hay rastro de sus operaciones. Los materiales que supuestamente acopiaban en la calle Muñoz también desaparecieron», denunció la letrada. En la esfera civil, Herrera estimó que hay más de 40 familias damnificadas. En el ámbito penal, aunque muchas personas la contactan, la abogada no puede iniciar nuevas denuncias hasta que el tribunal superior defina si la fiscalía puede considerar que existe una estafa. La empresa no ha brindado ninguna solución a las familias, incluso a pesar de las mediaciones penales donde se buscaba una posibilidad de recuperar parte de lo invertido. Los clientes de Herrera, por ejemplo, son un matrimonio mayor que tras trabajar toda su vida en Buenos Aires deseaban establecerse en San Rafael, y ahora se encuentran en una situación de indefensión.
El debate entre estafa e incumplimiento contractual
El punto de conflicto central entre la fiscalía y la abogada Herrera radica en la calificación del delito. El fiscal sostiene que se trata de un incumplimiento contractual, un acuerdo privado entre partes. Sin embargo, la doctora argumenta que hay elementos que configuran una estafa. «Nosotros lo que decimos es que esa gente armaba todo un escenario para estafar. Este escenario incluía la oficina lujosa, la exhibición de materiales y proyectos, el envío a una escribana y la intervención de una arquitecta para el diseño, todo ello para generar confianza y obtener el dinero, sin intención de construir. Siempre existió el dolo, es decir, la intención de estafar a esta gente», remarcó Herrera. Finalmente, y como prueba de esta intención, mencionó que la constructora siguió haciendo propaganda y vendiendo casas con distintos nombres en redes sociales hasta el 15 de diciembre de 2024, incluso cuando ya había múltiples denuncias y la situación económica del país hacía insostenible su accionar.
