La delgada línea que separa la pesada herencia -concepto repetido hasta el hastío- de la propia pericia para gobernar tiende a desdibujarse con el paso del tiempo en la política argentina. La reciente respuesta de la Casa Rosada a las declaraciones de Lionel Messi —quien dedicó el triunfo ante Inglaterra a los compatriotas que no llegan a fin de mes— reabrió un interrogante central para la salud democrática: ¿cuándo empieza la responsabilidad absoluta de una administración sobre la realidad que coordina?
El argumento oficial de que “dos décadas de decadencia kirchnerista” no se borran en veinticuatro meses puede ser válida para muchos argentinos pero, también hay que decirlo, choca de frente con las certezas metodológicas y las promesas taxativas que jalonaron la campaña electoral. Quien se presentó ante la ciudadanía como un “economista especializado en crecimiento”, dotado de recetas infalibles para revertir la postración nacional “con o sin dinero”, y que llegó a asegurar que los salarios medidos en moneda extranjera subirían a gran velocidad (por no hacer referencia al escatológico ejemplo que puso el propio Milei), se enfrenta hoy al espejo del almanaque.
A casi tres años de estar al frente de las políticas públicas, la persistencia de los discursos justificatorios frente al desgaste cotidiano de los sectores postergados comienza a parecerse demasiado a una exoneración de responsabilidades y del cumplimiento de lo prometido.
Nadie con honestidad intelectual puede desconocer que las variables macroeconómicas poseen una inercia compleja y que los desequilibrios estructurales no se corrigen de la noche a la mañana. Sin embargo, la pretensión de mantener un estado de excepción de forma indefinida erosiona el principio de responsabilidad política. Un gobierno es elegido no solo para diagnosticar el pasado con severidad, sino para torcer el rumbo del presente con los instrumentos del Estado.
Esta discusión nacional adquiere una resonancia particular en realidades del interior como la de San Rafael. Aquí, donde la economía real se mide en el mostrador del comercio de cercanía, en el valor de la producción agrícola y en la capacidad de consumo de las familias trabajadoras, el debate sobre los plazos pierde abstracción teórica y se convierte en urgencia. Cuando la precariedad laboral y la falta de oportunidades persisten, para el ciudadano de a pie el origen del problema pasa a un segundo plano frente a la demanda de soluciones efectivas.
El crédito inicial -que a la administración libertaria se le otorgó en inmensa mayoría por estos lares- no es un recurso infinito y el reloj de la gestión, tarde o temprano, termina marcando la hora de rendir cuentas por los resultados propios. O al menos eso debería ocurrir.
