La Iglesia Católica endureció su postura frente al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional y que el Senado debatirá el próximo 6 de agosto. A través de una carta abierta dirigida a los legisladores, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y Cáritas Nacional manifestaron su «profunda preocupación» por la iniciativa y reclamaron que el debate parlamentario esté guiado por «el bien común y el futuro de las generaciones venideras».
El documento, titulado «La tierra: madre, hermana y bien común», abre con una cita de la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, en la que se recuerda que los bienes de la tierra «han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos» y que cada persona posee un derecho originario a su uso.
Sobre esa base, las entidades eclesiales cuestionaron el proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al considerar que «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse».
Entre los principales cuestionamientos, la Iglesia señaló que la iniciativa elimina las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, tanto personas físicas como empresas, incluyendo aquellas ubicadas sobre reservas de agua y otros recursos naturales considerados estratégicos.
Asimismo, expresó preocupación por las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, al advertir que el proyecto habilita la utilización inmediata de terrenos afectados por incendios, una posibilidad que hasta ahora se encontraba limitada por la legislación vigente.
La tierra no es una mercancía
Para los firmantes, la reforma también reduce la capacidad del Estado para planificar el uso del territorio, ejecutar obras públicas y proteger el interés general frente a intereses privados, tanto nacionales como extranjeros. En ese sentido, sostuvieron que la iniciativa podría afectar especialmente a los sectores más vulnerables y a las comunidades rurales e indígenas.
«La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico», enfatiza la carta, que retoma además conceptos de la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco. Allí recuerda que «la tierra es nuestra hermana y nuestra madre», ya que de ella provienen los alimentos, el agua y los recursos indispensables para la vida.
El documento también pone el foco en la dimensión social de la propiedad. Señala que para las comunidades campesinas e indígenas la tierra constituye «identidad, cultura, memoria y futuro», además de ser el espacio donde se transmiten conocimientos, formas de trabajo y modos de vida entre generaciones.
Otro de los ejes planteados por la Iglesia es el acceso a la vivienda. En ese punto, advierte que millones de argentinos no poseen casa propia y deben recurrir al alquiler, por lo que reclama un marco jurídico que garantice condiciones equilibradas tanto para propietarios como para inquilinos.
La carta también contrapone las promesas de crecimiento económico con la idea de desarrollo humano expresada por el papa León XIV, quien sostiene que el progreso solo es auténtico cuando «pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes».
En el tramo final, Cáritas Nacional, la Pastoral Social y la Pastoral Aborigen exhortaron a los senadores a actuar con responsabilidad institucional. «Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto que guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares», señalaron.
El pronunciamiento fue respaldado además por el Obispado de Mar del Plata y el Secretariado de Pastoral Social de esa diócesis, que difundieron el documento e invitaron a comunidades e instituciones a reflexionar sobre la necesidad de promover «una auténtica cultura del cuidado de la tierra, del respeto por la dignidad de las personas y de la protección de aquellos bienes que permiten el desarrollo de las familias y de las comunidades». De ese modo, la Iglesia volvió a intervenir en un debate que promete ocupar un lugar central en la agenda política de los próximos días.
