La reciente advertencia planteada por el economista Martín Rapetti en el diario Clarín introduce un debate macroeconómico urgente que desmitifica las promesas de prosperidad automática basadas exclusivamente en la explotación de recursos naturales. Su análisis pone el foco en una encrucijada peligrosa: la inminente llegada de una «avalancha de dólares» motorizada por los sectores primarios y energéticos que, lejos de ser la panacea universal que pregona el discurso oficial tanto a nivel nacional como provincial, encierra el germen de la destrucción del entramado manufacturero y del empleo registrado.
Es el retorno de la denominada «enfermedad holandesa», un fenómeno donde la apreciación de la moneda local termina por asfixiar la competitividad de las fábricas y los talleres del país.
Este diagnóstico cobra una relevancia crítica en nuestra provincia, donde el gobierno parece haber apostado todas sus fichas al modelo extractivista, fundamentalmente a través del impulso casi exclusivo a la actividad minera. Bajo la promesa de una supuesta diversificación de la matriz productiva y el ingreso rápido de divisas, se presenta a la minería y a los hidrocarburos no convencionales como los únicos motores posibles para revertir años de estancamiento económico. Sin embargo, se omite deliberadamente el impacto colateral que este sesgo económico genera sobre los sectores tradicionales de la provincia, como la vitivinicultura, la fruticultura y la pequeña industria metalúrgica y textil, que hoy padecen los efectos de la recesión y el atraso cambiario.
La matriz del plan económico nacional, replicada en términos políticos por estos lares, ignora la naturaleza del mercado laboral. Como bien señala Rapetti, los sectores intensivos en capital y recursos naturales no tienen la capacidad de absorber la mano de obra desocupada que deja a su paso el desmantelamiento industrial. El autor advierte que los pronósticos de una transición virtuosa chocan de frente con la realidad del mercado laboral actual, donde «se destruyen puestos en fábricas y talleres», siendo reemplazados, en el mejor de los casos, por formas de trabajo «mucho más precarizadas». El empleo en el sector manufacturero, donde «seis de cada diez industrias están paradas», es el que se lleva la peor parte en esta reconfiguración económica.
En San Rafael, el impacto de este modelo es directo y preocupante. Nuestra estructura económica local se sostiene gracias a una red de pequeñas y medianas empresas agrarias, comerciales e industriales que generan el grueso del empleo genuino en la región. Si las políticas económicas nacionales y provinciales subordinan todo el incentivo estatal y la inversión de infraestructura a las demandas del sector extractivo, las consecuencias para el sur provincial podrían ser -como afirma Rapetti- el vaciamiento de sus fuerzas productivas históricas y la precarización laboral de sus trabajadores. La minería no puede ser el monocultivo financiero que justifique el abandono de la producción manufacturera. Administrar el desarrollo exige un equilibrio que preserve el tejido social y el empleo masivo, un imperativo ético y político que la dirigencia mendocina parece haber olvidado en favor de un entusiasmo extractivista tan efímero como peligroso.
