Es el único organismo de control que vela por la transparencia en la Provincia de Mendoza. Bajo su órbita están el control de la Ética, el registro de evolución patrimonial de sujetos obligados, la investigación administrativa sobre la cosa pública y la vigilancia del cumplimiento del acceso a la Información Pública.
El senador Marcelo Rubio, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial, dialogó al respecto con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
«Hace tres años atrás, sancionamos lo que se llama ‘oficina de investigaciones administrativas y ética pública’. A partir de ella, y con acuerdo del Senado, se nombró al auditor de esta, que es el doctor Carlos Gabriel Balsells Miró. La oficina se estableció con el fin de que todos aquellos que tengan vínculos con el Estado hagan una declaración jurada de su patrimonio. Esta declaración se presenta al inicio de sus funciones, y se renueva en cada año en que están ejerciendo sus cargos. La intención es verificar que no haya aumentos en los patrimonios de los funcionarios que no se condigan con los ingresos que perciban en el ejercicio de sus cargos. Es decir, detectar si han recibido alguna dádiva o tengan ingresos por situaciones poco claras».
«En su momento fue algo muy novedoso, sin antecedentes en el país; también vinculaba a empresas mixtas que tenían vínculos con el Estado, contratistas de este, y sindicalistas. Otras cosa novedosa es que se audita a los tres poderes del Estado. Con el tiempo incorporamos algunas modificaciones; entre otras, achicar los pasos de presentación de las declaraciones juradas, que pasó de sesenta días a treinta. Esto se aprobó la semana pasada. También se transparentó el servicio de información respecto a los patrimonios de los funcionarios. Hoy, cualquier persona puede entrar a la web de la oficina de ética y pedir el detalle de los bienes o patrimonio que posea; por ejemplo, el Gobernador o cualquier ministro de la Corte. También hay un monto correspondiente a multas para aquellos que no presenten la declaración jurada. Lo que se recaude por multas vuelve a la oficina para financiar gastos de infraestructura, etc.”.
Con referencia al cumplimento por parte de los funcionarios, Rubio acotó que “entiendo que se ha cumplido en un 95 %, pero es algo que con precisión puede contestar quien está a cargo de la oficina de ética pública. Lo que sí puedo afirmar es que hoy cerca de seis mil funcionarios de la provincia de Mendoza son monitoreados por la oficina. También la tarea se desarrolla sobre más de doscientos cincuenta personas vinculados a los sindicatos que, con o sin personería jurídica, deben presentar sus declaraciones juradas. Entiendo que el acatamiento a la ley es estricto. Las declaraciones juradas también contemplan que familiares directos, como cónyuge o hijos, tengan que declarar sus bienes. Podemos jactarnos de que somos la única provincia que aplica esto, y además tenemos lo que se denomina ‘ficha limpia’, que es un procedimiento por el cual se les revisa, por ejemplo, a todos los legisladores, determinados antecedentes, tales como si mantienen deudas con Estado -deben pagarlas- y se verifica que nos hayan sido condenados por delitos penales. Muchas provincia, y la Nación, no tienen implementados estos controles”, sentenció Marcelo Rubio.
