Cada tanto, con una periodicidad que coincide sospechosamente con los momentos de crisis, el poder central vuelve a agitar el fantasma de la baja en la edad de imputabilidad (en realidad, técnicamente es de punibilidad, pero es un tema aparte). Se presenta como una solución mágica ante un supuesto clamor social, pero cuando se analizan los números fríos, la propuesta se revela como una maniobra de distracción para evitar discutir las tragedias estructurales que hoy asfixian a la infancia en la Argentina.
Los datos del propio Gobierno deshilachan el relato punitivista: del total de los homicidios de 2024 —2.290—, apenas el 0,6 % fueron cometidos por niños y adolescentes de 10 a 15 años. Entre los 16 y los 19 años —a esa edad ya están alcanzados por el régimen Penal Juvenil— hubo 243 casos, el 10,6 % del total, según datos del Ministerio de Seguridad nacional. La cifra crece rotundamente entre los 20 y los 34 años, con el 36 %. El pretendido «flagelo» que el Gobierno intenta instalar como una emergencia nacional no es más que una ínfima minoría estadística y esto no tiene discusión
Mientras se gasta energía legislativa en discutir si un niño debe ser encarcelado a los 13 años, se ignora deliberadamente el verdadero «crimen» sistémico: hoy, en la Argentina, casi 7 de cada 10 niños son pobres, y el 14% de los menores de 18 años vive en la indigencia, lo que significa que ni siquiera tienen garantizada la alimentación básica. Es aquí donde el relato se desmorona por su propio peso. El Estado, que deserta de su rol de protector y garante de derechos, pretende reaparecer únicamente bajo la forma de carcelero.
El problema de la seguridad no se resuelve llenando calabozos con adolescentes que, en su inmensa mayoría, son víctimas de contextos de exclusión extrema, falta de escolarización y redes de contención pulverizadas. La insistencia en este debate es una bofetada a la inteligencia de una sociedad que ve cómo se prioriza una agenda de castigo mientras los presupuestos para educación y salud infantil sufren recortes drásticos.
Los números son elocuentes: no nos enfrentamos a una ola de menores delincuentes, sino a un Estado que ha decidido que es más barato construir celdas que garantizar derechos o, en el último de los casos, prevenir eventuales delitos. No se puede hablar de «orden» si primero no se asegura la dignidad mínima. El recurso de la imputabilidad es, en definitiva, la última coartada de una política que busca criminalizar a una franja etaria ya castigada día a día antes que hacerse cargo de las consecuencias de la desigualdad que sus políticas fomentan.
