Cada 9 de julio, el calendario institucional nos convoca a repetir los ritos de una efeméride que, con el correr de los años, parece haber quedado atrapada en el bronce de la retórica escolar. En 1816, en una modesta casa de Tucumán, un puñado de diputados firmó un acta que rompía formalmente los vínculos de sumisión con las coronas españolas y con «toda otra dominación extranjera». Aquellos hombres entendieron que la palabra independencia no era un simple eslogan de ocasión, sino un compromiso existencial: la decisión soberana de un pueblo de conducir su propio destino, de asumir sus propios riesgos y de no arrodillarse ante ningún monarca de la tierra.
Hoy, doscientos diez años después, esa misma palabra central parece haber sido sometida a un proceso de devaluación deliberado y sistemático. Al contrastar aquellos tiempos de audacia y construcción soberana con el presente que nos toca transitar, el concepto de independencia se desdibuja detrás de una práctica política y un andamiaje jurídico que han vuelto a entronizar la subordinación como si fuera una virtud de gestión. Las reformas impulsadas por el Gobierno nacional a través de la Ley Bases y el DNU 70/23 configuran una entrega programática de las herramientas de control del Estado. La implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga escandalosas ventajas impositivas, cambiarias y aduaneras por tres décadas a capitales extranjeros, relegando a la industria local y permitiendo la libre disponibilidad de los recursos sin obligación de abastecer el mercado interno. A esto se suma la derogación de la Ley de Tierras, una medida que lisa y llanamente rifa la soberanía territorial al habilitar que corporaciones y empresarios extranjeros adquieran extensiones ilimitadas de suelo que resguardan recursos estratégicos fundamentales como el agua dulce, la minería y el litio.
Esta entrega legislativa encuentra su correlato exacto en la política exterior del país, caracterizada por una diplomacia de la genuflexión que humilla la tradición soberana de la Argentina. El alineamiento automático y sobreactuado del presidente Javier Milei con las agendas de Washington y Tel Aviv expone una alarmante pérdida de autonomía. Sus constantes viajes y declaraciones públicas, rindiendo una pleitesía casi denigrante a mandatarios e intereses de Estados Unidos e Israel a la cabeza, colocan a la nación en una posición de vulnerabilidad geopolítica innecesaria, asumiendo conflictos ajenos como propios a cambio de palmaditas en la espalda o un respaldo financiero que, vale decirlo, le permitió al libertarismo no perder las elecciones de medio término del año pasado.
Reivindicar el 9 de julio en este contexto exige mucho más que colgar una escarapela o pronunciar discursos de ocasión. Exige recuperar el sentido profundo de aquella declaración de 1816 para entender que la independencia no es una foto fija del pasado, sino una construcción diaria que se defiende garantizando la dignidad de los propios ciudadanos. Mientras la docilidad siga siendo la moneda de cambio frente a los centros de poder mundial y la pobreza de amplísimas franjas de la sociedad nacional siga siendo ocultada, el destino colectivo permanecerá atado a voluntades ajenas. Devolverle el valor a la palabra empeñada en Tucumán es, hoy más que nunca, la audacia de reclamarles a los que usaron la palabra LIbertad para llegar el poder que honren a los patriotas de 1816, abandonen la entrega nacional y apliquen políticas para que el pan y la dignidad dejen de ser un privilegio inalcanzable en cada rincón de nuestra patria.
