La renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec marcó el fin de una etapa de relativa calma estadística y abrió una fase de incertidumbre que los argentinos conocemos demasiado bien. La salida del funcionario, precipitada por la negativa del ministro Luis Caputo a implementar un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), revela que el Gobierno ha decidido priorizar el blindaje de su relato por sobre la transparencia de sus datos.
Resulta necesario desarmar la arquitectura de este relato. El Gobierno sostiene su épica de la desinflación basándose en una metodología que el propio organismo técnico consideraba obsoleta. El nuevo índice pretendía otorgar el peso real que hoy tienen -entre otros tópicos- las tarifas de servicios públicos en el presupuesto de las familias. Al postergarlo, el equipo económico no solo evita un número incómodo —que según trascendidos superaba el 3%— sino que decide, deliberadamente, ignorar el empobrecimiento de la clase media argentina.
Para el vecino de San Rafael, esta discusión no es una abstracción. La inflación real es la que se manifiesta en el desfasaje de las paritarias locales y en el aumento asfixiante de los servicios básicos que el índice oficial parece no captar en toda su magnitud. ¿Cuánto del éxito económico que se declama por redes sociales es, en realidad, un espejismo construido sobre la base de ocultar la realidad tangible? La sospecha de que la estadística pública ha vuelto a ser rehén de la conveniencia partidaria es una herida profunda en la credibilidad de una gestión que prometió manejarse con el rigor de las ciencias exactas.
Gestionar con datos dudosos es, en última instancia, una forma de estafa social. Los contratos de alquiler, los acuerdos salariales y la planificación más básica de una pyme sanrafaelina dependen de que la referencia estatal sea indiscutible. Si el Indec vuelve a ser una oficina que ajusta la balanza según las necesidades del Ministerio de Economía, el contrato de confianza con la sociedad se rompe de manera definitiva. No se puede hablar de una economía sana cuando se necesita manipular la medida para que el traje parezca a medida.
La urgencia del Gobierno por exhibir una desaceleración de precios ha terminado por dinamitar la autonomía del único organismo que podía certificar sus logros. Sin una métrica honesta que refleje lo que el ciudadano paga en la caja del supermercado o en la factura de gas, la política económica queda reducida a un ejercicio de fe ciega. Y la fe, en materia de economía doméstica, se termina cuando los recursos ya no alcanzan para cubrir la diferencia entre el discurso oficial y la realidad del bolsillo.
