La Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura Provincial, recibió el jueves al titular de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, para conocer información vinculada al funcionamiento de los controles a las fuerzas. Allí, el funcionario dejó un dato preocupante: reciben cerca de 100 denuncias por mes de todo Mendoza, de las cuales 20 están vinculadas a violencia de género y muchas de las cuales involucran a efectivos de las fuerzas.
En diálogo con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, Puertas explicó que reciben alrededor de 100 denuncias al mes de distintas dependencias provinciales, entre violencia de género, violencia institucional, pérdida de armas e incumplimientos en general. De ellas, aproximadamente 20 son por violencia de género, incluyendo a las fuerzas policiales y a las penitenciarias. “Generalmente las denuncias por violencia de género, en un 70% vienen aparejadas con una respectiva denuncia penal que si bien tienen vías paralelas (son autónomas), compartimos en la mayoría de los casos la misma prueba, la misma carga probatoria. Nosotros adjuntamos la prueba que tenemos al Poder Judicial, y extraemos de los expedientes judiciales la que consideramos necesaria para tener mayor carga probatoria en nuestra investigación.
Aproximadamente, son 20 denuncias por mes y no todas tienen un sumario, porque obviamente una denuncia para que llegue a un sumario tiene que tener una suficiente carga de prueba y verosimilitud a los fines de poder imputar a un efectivo penitenciario o policial. En el caso de que sí tenga esa carga probatoria, se lo imputa, se lo cita a indagatoria declare o no declare, y a partir de ahí el efectivo en cuestión desarrolla toda su estrategia con la asistencia técnica que considere”, señaló.
Explicó que con una denuncia por violencia de género, se le extrae el arma al denunciado, y en caso de ser necesario, también a la víctima (que podría tratarse de un efectivo). “Se le extrae el arma, a la supuesta víctima no se le realiza ningún descuento por no tener el arma, pero sí se lo hace al supuesto victimario. Se está adoptando últimamente una disposición, y es que se está dejando el arma en guarda, es decir que se deja en las dependencias donde trabajan y cuando se retiran a sus casas esas personas denunciadas, no se la llevan”, expresó y agregó que además “se les lleva a cabo un psicodiagnóstico a fin de saber si están aptos o no para prestar el servicio de seguridad respectivo. En caso de que tanto la supuesta víctima como el supuesto agresor sean policías, la primera tiene la posibilidad de pedir el traslado suyo o del supuesto agresor a otra dependencia.
De esas 20 causas, aproximadamente la mitad realmente prosperan y se convierten en sumario. Dependiendo de la gravedad de cada una, es la sanción que puede corresponderle al efectivo. La misma puede ir desde 36 días de suspensión hasta la cesantía” expresó.
