Carolina Gómez es una sanrafaelina de 31 años que actualmente lucha contra un cáncer de mama que ha desarrollado metástasis en otras partes de su cuerpo, fundamentalmente en la columna vertebral. Sin embargo, esa no es la única pelea que debe librar, puesto que la empresa de medicina prepaga a la que está afiliada se niega consecuentemente a proveerle una medicación a la cual está obligada. Ni siquiera con pronunciamientos de la Justicia Federal en su favor, Gómez puede acceder a una medicación que, de acuerdo al médico que la atiende, mejoraría mucho su calidad de vida.
El periplo de la joven mamá –tiene dos hijos, de 9 y 6 años, respectivamente- comenzó en 2018, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. En ese momento comenzó con el tratamiento pertinente. En tanto, en agosto de 2021, los profesionales tratantes descubrieron una lesión metastásica en la quinta vértebra de la columna vertebral ante lo cual su oncólogo de cabecera, el doctor Alfredo Occhipinti, prescribió, entre otras acciones sanitarias, el suministro del medicamento Ribociclib.
Desde ese momento y hasta el día de la fecha -tras una cantidad innumerable de reclamos por vía privada, administrativa y hasta mediante Carta Documento- la empresa de medicina privada SCIS S. A. (a la que Gómez está afiliada por un convenio de su Obra Social) se ha negado a proveer dicho medicamento, el cual -además- no se comercializa a privados sino solamente a obras sociales, empresas de medicina privada o efectores de salud.
En tanto, el 27 de abril pasado, Gómez interpuso –mediante su abogado patrocinante- una acción de amparo contra SCIS S. A. ante el Juzgado Federal de San Rafael, ya que la empresa es de orden nacional. Un día después, el Juzgado dio trámite al pedido y dictó una medida cautelar que obligaba a SCIS a que, en el término de 48 horas, brindara a Carolina la medicación prescripta por el término de tres meses.
Frente a ello, la empresa no solo no cumplió con la orden judicial sino que, desde ese momento y llamativamente, se ha opuesto firmemente a la acción de amparo y a la medida cautelar dictada. En sus consideraciones, la empresa aduce que el medicamento “no ha demostrado beneficio en sobrevida comparado con los tratamientos estándar existentes” y que el mismo presenta “efectos colaterales”, por lo que su médico auditor recomendó el tratamiento con quimioterapia.
A su turno, el médico tratante de Gómez, el doctor Ochipintti aseguró que “la quimioterapia también tiene efectos adversos, incluso peores” que los inhibidores de ciclinas –como el Ribociclib- y que en los siete años que lleva prescribiendo dichos medicamentos, nunca tuvo que bajar la dosis. Estudios avalados internacionalmente, han demostrado que el uso de medicamentos como Ribociclib han redundado en aumentos de la SLP (Sobrevida libre de progresión), TRO (Tasa de Respuesta Objetiva) y recientemente se han publicado datos demostrando aumento de la SVG (Sobrevida global), por lo que sostiene que la mejor opción terapéutica para la paciente es la pedida (inhibidores de las ciclinas más hormonoterapia más ácido zoledrónico).
Lo cierto es que, desde hace casi dos meses, esta sanrafaelina pugna por recibir la medicación y la empresa que debería ampararla, a pesar de las órdenes legales y las eventuales sanciones a las que se arriesga, sigue en su postura negatoria.
