La Justicia define el futuro minero de la provincia tras una ola de amparos ambientales
En una movida coordinada entre fundaciones y asambleas de distintos departamentos, se presentaron múltiples recursos para declarar la inconstitucionalidad de los nuevos permisos mineros. El debate central gira según las presentaciones en torno a la falta de datos técnicos actualizados y el riesgo potencial sobre las cuencas hídricas, poniendo en jaque el plan del Ejecutivo provincial para el 2026.
Pilar Castilla, referente de las asambleas del agua de General Alvear y una de las voces más activas de la provincia en la defensa del medio ambiente, detalló los fundamentos de la ofensiva judicial lanzada contra el plan minero del gobierno de Mendoza. Con tres amparos colectivos y dos acciones de inconstitucionalidad, las organizaciones civiles buscan que la Justicia declare nula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, denunciando que se trata de un pagaré a futuro que pone en jaque los recursos hídricos de la región.
Una Declaración de Impacto Ambiental «condicionada»
Para las asambleas y las fundaciones ambientales, el documento que habilita la actividad minera en el proyecto San Jorge carece de rigor técnico y viola principios elementales del Derecho Ambiental. Pilar Castilla sostiene que el Estado ha aprobado un plan sin tener certeza sobre su viabilidad ecológica. «La Declaración de Impacto Ambiental debe basarse en una evaluación integral y completa, y de eso adolece este documento. Es una declaración condicionada a futuro; es decir, no se respetan dos principios claves de la Ley General de Ambiente: la prevención y la precaución. Hay una gran cantidad de datos desactualizados y estudios incompletos señalados incluso por el Departamento General de Irrigación y la Universidad Nacional de Cuyo», declaró ante la audiencia de FM Vos 94.5.
El arroyo El Tigre: una amenaza al ecosistema hídrico
Uno de los puntos más críticos de la presentación judicial tiene que ver con la utilización del agua superficial. Según Castilla, los datos técnicos demuestran que el proyecto consumiría más agua de la que el entorno natural puede proveer sin colapsar. «La empresa usaría 141 litros por segundo del arroyo El Tigre, pero ese arroyo en épocas secas tiene menos caudal que ese, y en invierno llega a tener apenas 18 litros por congelamiento. No se sabe de dónde sacaría el agua la empresa y se pone en serio riesgo al arroyo, porque ni utilizando todo el caudal podría operar. Ante las exigencias de Irrigación, la empresa respondió simplemente que ‘se tendrá en cuenta’. En Derecho Ambiental eso es nulo: todo debe ser previo a la operación», aseveró.
El principio precautorio: ante la duda, no se avanza
La estrategia judicial no busca probar un daño ya ocurrido, sino prevenir uno potencial que sería irreversible para Mendoza. Castilla explicó por qué recurrieron a la figura del amparo colectivo en lugar de esperar un proceso ordinario. «El Derecho Ambiental exige que, ante la incertidumbre, no se pueda avanzar. Aquí la DIA está plagada de dudas. El amparo es una medida anticipatoria; exigimos una respuesta rápida porque el daño potencial sería irreversible para el ecosistema. El Estado ha tomado una medida arbitraria e ilegal que viola la Constitución Nacional, la Ley 7722 y tratados internacionales. Por eso hablamos de inconstitucionalidad», argumentó en una parte de la entrevista.
Plazos y la mirada puesta en la Corte Nacional
A pesar del receso judicial, las asambleas confían en que la gravedad del asunto obligue a la Justicia a expedirse de manera inmediata. «Se ha solicitado la habilitación de días de feria para resolver la medida cautelar. Queremos que el tribunal le exija al Ejecutivo lo que tenga que solicitar y se pronuncie. Además, hemos dejado constancia de la Reserva Federal: si la justicia provincial no hace lugar, iremos directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal tiene sobrados precedentes a favor de los derechos del ambiente como bien colectivo e indivisible», manifestó al final del reportaje.
Ante este panorama, los recursos hídricos, el suelo y el ecosistema asociado de Mendoza enfrentan un momento decisivo en los tribunales, mientras las asambleas mantienen el estado de alerta en toda la provincia.