La Justicia dio un paso clave este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más explosivas de la causa por el rulo financiero del dólar blue, ya que los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles —ex socio y allegado a Elías Piccirillo— dejaron al descubierto la existencia de un “sistema paralelo” que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante 2022 y 2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al blue, dependiendo del acuerdo.
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con pasado en el Gobierno de la Ciudad y que, según registros, figuraría actualmente como personal de Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales. En los diálogos de WhatsApp, Saponara le consultaba a Migueles si tenía contactos para “liberar” declaraciones de importación de autoelevadores y repuestos.
“A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13”, se escucha en uno de los audios enviados por Migueles, evidenciando el margen de ganancia que se quedaban los intermediarios por sobre la coima que debían “rendir” internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema —en medio de una crisis de reservas asfixiante— superaban los 90 o incluso 120 días.
Otro de los protagonistas de la trama es Héctor Ezequiel Pipo Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de “canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación”. En los audios analizados, Caputto es tajante respecto a los costos para “mover” los expedientes: La “rendición”: “Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro”, le explicaba Caputto a Migueles en un mensaje de voz, detallando cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo Gonzalote Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro El Turco Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo la lupa de la Justicia.
El fiscal Franco Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas como “Pato” y “La Señora». Esta última sería una pieza clave, ya que presumiblemente desempeñaba funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, teniendo el poder real de dar el “visto bueno” final a las importaciones.
