El juez federal Alejo Ramos Padilla, del Juzgado N.º 2 de La Plata, dictó una medida precautelar que suspende la implementación del decreto 116, el cual disponía la transformación del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima. La resolución judicial responde a una presentación realizada por trabajadores del banco y sostiene que el cambio de tipificación jurídica de la entidad solo puede ser decidido por el Congreso de la Nación.
Sergio Giménez, titular de La Bancaria en Mendoza, expresó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 su satisfacción ante el fallo judicial: “Estamos satisfechos por la resolución del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien fundamentó de manera muy sólida la suspensión del decreto 116”. Giménez explicó que el peligro de demora fue un factor clave en la decisión judicial: “Si el decreto entraba en vigencia de inmediato, se corría el riesgo de generar consecuencias jurídicas, económicas y sociales irreversibles”.
El fallo también consideró el principio de veracidad del reclamo presentado por los trabajadores del Banco Nación. Al respecto, Giménez detalló: “La medida cautelar se concedió porque los trabajadores ya habían objetado una resolución interna del banco que contrataba a una consultora para iniciar el cambio de tipificación jurídica. Esa resolución fue apelada, pero con la aparición del decreto 116, se reforzó el peligro de una posible privatización”.
La decisión judicial subraya que es el Congreso quien debe definir el estatus jurídico del Banco Nación, no el Poder Ejecutivo mediante un decreto de necesidad y urgencia. “El juez fue claro al señalar que es el Poder Legislativo el que debe decidir si se inicia un proceso de privatización”, explicó Giménez. “El fallo destaca que tanto en la Ley Base 1 como en la segunda Ley Base discutidas en el Parlamento, se excluyó al Banco Nación de cualquier proceso de privatización. Por lo tanto, el decreto 116 contradice esa voluntad legislativa”.
El titular de La Bancaria también defendió el funcionamiento actual del Banco Nación: “Es una entidad superavitaria, eficaz, el primer banco en depósitos, en préstamos, en patrimonio neto y en distribución geográfica. Además, es fiscalizado por el Banco Central, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, lo cual garantiza su transparencia”.
Asimismo, Giménez cuestionó los argumentos de eficiencia y rentabilidad esgrimidos por el Gobierno para justificar el decreto: “Ninguno de esos argumentos se sostiene cuando hablamos del Banco Nación. Es un ente eficiente y perfectible como cualquier otra institución, pero no necesita transformarse en sociedad anónima para mejorar su funcionamiento”.
La medida precautelar también toma en cuenta el contexto político, mencionando que el proyecto de privatización no cuenta con el respaldo parlamentario necesario. “El fallo no rehúye el debate político y menciona que el decreto surge de una voluntad política de privatización que no tuvo eco en el Congreso”, señaló Giménez.
Por último, destacó la importancia de mantener al Banco Nación bajo su actual tipificación jurídica: “Los trabajadores bancarios del Banco Nación son ciudadanos argentinos que velan por el funcionamiento de una entidad que es clave para el desarrollo del país. Cambiar su estatus jurídico podría comprometer su rol estratégico”.
