El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Corporación Vitivinícola Argentina y suspendió los efectos de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura.
El fallo del juez federal Pablo Quiróz ratificó la vigencia del Plan Estratégico Vitivinícola y mantiene la obligación de las bodegas de realizar los aportes que financian su funcionamiento.
El juez resolvió hacer lugar a una medida cautelar y a un recurso de amparo presentados por la Coviar y suspendió de manera provisoria la aplicación de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura.
La decisión mantiene vigente el esquema de financiamiento establecido por la Ley 25.849, que creó la Coviar y le encomendó la ejecución del Pevi, una hoja de ruta consensuada por el sector para impulsar el desarrollo de la actividad.
Con el fallo, la Justicia también ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura continuar con los procedimientos habituales de recaudación e intimar a los establecimientos que no estén cumpliendo con el pago de las contribuciones previstas por la ley.
La controversia se originó a partir de la Resolución 55/2026, mediante la cual la Secretaría de Agricultura buscó dejar sin efecto la obligatoriedad de los aportes realizados por bodegas elaboradoras de vino, mosto y jugo concentrado de uva, además de exportadores de pasas. Si bien la norma no disponía la disolución de la Coviar, en la práctica afectaba su principal fuente de financiamiento.
Desde la corporación sostuvieron que una resolución administrativa no puede modificar el funcionamiento de una institución creada por una ley nacional. Ese fue uno de los argumentos centrales del amparo presentado a fines de mayo y que ahora recibió una respuesta favorable de la Justicia.
La Coviar fue creada en 2004 como un ente público-privado de derecho público no estatal para coordinar y ejecutar las acciones previstas en el Plan Estratégico Vitivinícola. Su estructura reúne a cámaras empresarias, cooperativas, gobiernos provinciales, el Ministerio de Economía, el INV y el Inta, entre otros actores de la cadena.
El conflicto refleja el choque entre la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional y los mecanismos de financiamiento sectorial que existen en distintas actividades productivas. Mientras el Ejecutivo busca eliminar aportes obligatorios y estructuras financiadas por contribuciones parafiscales, la entidad vitivinícola sostiene que esos recursos son indispensables para sostener programas de promoción, desarrollo y posicionamiento de la vitivinicultura argentina.
Por el momento, la resolución oficial quedó suspendida. El Gobierno cuenta con un plazo de 5 días hábiles para presentar una oposición a la medida cautelar. Hasta entonces, la Justicia ratificó la continuidad del esquema vigente y la plena aplicación de la Ley 25.849 que dio origen a la Coviar y al Plan Estratégico Vitivinícola. (Noticias AgroPecuarias).
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