Una mujer policía mendocina fue reincorporada a la fuerza por orden de la Suprema Corte de Justicia, tras haber sido sancionada con cesantía en 2018. El Gobierno acató el fallo y dispuso su vuelta al cargo, junto con una indemnización cercana a los $19,9 millones, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
En su momento, la agente había sido separada de la institución por una falta considerada gravísima: desde un teléfono atribuido a ella se habría reenviado al denunciado por maltrato infantil el audio de la denuncia penal que lo involucraba. Esa conducta motivó la sanción máxima prevista en la Ley 6722.
La uniformada apeló la medida y, tras varios años de litigio, la Corte provincial le dio la razón y declaró nula la cesantía, ordenando su reincorporación.
Para concretar la restitución, el Ejecutivo creó un cargo específico y afectó créditos presupuestarios que sumaron más de 19 millones de pesos, distribuidos en distintas reservas administrativas. Ese monto representa, en la práctica, la compensación que recibirá tras más de siete años fuera de la institución.
El caso se enmarca en el debate actual sobre las reincorporaciones judiciales y el pago de salarios caídos, un tema que se discute en paralelo a los cambios propuestos al Estatuto del Empleado Público, con el objetivo de establecer reglas claras y evitar el impacto fiscal de este tipo de fallos.
Fuente: Canal 26
