La medida de mantener la obligatoriedad de presentación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) tendrá una vigencia de 5 meses y fue celebrada por viñateros, productores y bodegueros. Desde la Asociación de Viñateros de Mendoza advirtieron sobre la crisis productiva, los altos costos, la caída del consumo y el riesgo de desaparición de pequeños productores.
La resolución judicial que otorgó una medida cautelar por un plazo de 5 meses en favor del sector vitivinícola generó alivio y expectativa entre viñateros, productores y bodegueros de Mendoza y del país. La decisión llega en un momento clave, a las puertas de una nueva cosecha, y responde a un reclamo que había sido elevado a la Justicia ante los cambios impulsados desde el Gobierno nacional. Desde la Asociación de Viñateros de Mendoza destacaron que la medida permite atravesar el período de cosecha con mayor previsibilidad, aunque advirtieron que la situación estructural del sector continúa siendo crítica.
“Vale aclarar que es la medida cautelar, por 5 meses, y el fondo de la cuestión calculamos que sería resolverlo terminada la cosecha”, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza, al analizar el alcance de la resolución judicial que mantener la obligatoriedad del CIU. En ese sentido, remarcó que el objetivo principal era llegar a la cosecha con algún tipo de resguardo legal: “Necesitábamos llegar por lo menos con la cautelar ante la cosecha, y así se logró”.
Manzanares calificó la decisión como un alivio generalizado para toda la cadena vitivinícola y subrayó que se trata de un reclamo que unió a distintos actores del sector. “Fue un alivio, es la lógica y es lo que todo el país, viñateros, productores y bodegueros, toda la cadena, le venía pidiendo al ministro”, señaló, al tiempo que destacó la resolución judicial como un acto de sensatez frente a un pedido que, aseguró, contaba con consenso amplio, incluso de los gobiernos provinciales.
No obstante, el dirigente manifestó preocupación por la posibilidad de que el Gobierno Nacional decida apelar la medida. “Esperemos que entienda y que no la apele”, expresó, y cuestionó las declaraciones públicas realizadas por el ministro Federico Sturzenegger tras conocerse el fallo. “Lo preocupante son estos gestos del ministro, que le está poniendo presión a la justicia”, afirmó, al referirse a publicaciones en redes sociales y críticas al juez interviniente.
En esa línea, Manzanares consideró contradictoria la postura del funcionario nacional frente a los principios que dice defender el actual Gobierno. “Con la ideología de este gobierno, que baja el mensaje de la libertad y del derecho de la propiedad, lo que estamos haciendo es precisamente defender el derecho de propiedad del viñatero sobre su uva”, sostuvo, y agregó que resulta llamativo que se critique abiertamente a la Justicia cuando esta interviene para resguardar esos derechos.
El secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza también apuntó contra la falta de comprensión de la vitivinicultura por parte de funcionarios nacionales. “Confundieron la vitivinicultura con la cerveza, con el acero o con la soja. No terminan de entender la idiosincrasia del sector”, relató sobre una reunión mantenida en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en la que participaron autoridades de Mendoza y San Juan y el ministro de Desregulación Federico Sturzeegger. Según indicó, pese a las múltiples explicaciones brindadas, persiste una mirada ajena a la realidad productiva local.
Con el paso del tiempo, Manzanares aseguró que comenzaron a surgir sospechas sobre otras intenciones detrás de estas decisiones. “Ya no puede ser que no entiendan lo que estamos diciendo, ahora empezamos a sospechar que hay otras intenciones”, afirmó. En ese sentido, advirtió sobre posibles intentos de modificar la estructura histórica de la vitivinicultura argentina. “Quieren que el productor termine regalando su producto”, denunció, y agregó que existe preocupación por una eventual centralización de decisiones en Buenos Aires. “Hay que estar más alerta que nunca para que no se cambie la estructura de la vitivinicultura y que todo se decida desde allá”, remarcó.
En cuanto al panorama productivo, Manzanares describió un escenario complejo de cara a la próxima temporada. “El panorama es complicado, la piedra en el sur fue un desastre”, señaló, y detalló que si bien algunas zonas tuvieron algo de alivio, los daños por heladas comienzan a reflejarse con mayor claridad. “Ahora se está tasando entre el 40 y el 55 por ciento de daño por helada”, indicó, lo que anticipa una cosecha menor en comparación con el año anterior.
A este contexto se suma la preocupación por los precios. “Viene una cosecha más baja que el año pasado, pero estamos con valores de hace 18 o 19 meses atrás del vino”, advirtió. Según explicó, no hay expectativas de mejora en el precio de la uva, mientras los costos continúan en aumento. “Los insumos han subido un montón y la energía eléctrica es una locura”, sostuvo, y reveló que muchos productores electrodependientes atraviesan una situación límite. “Hace 8 meses que la rentabilidad es cero, se la está llevando la energía eléctrica”, afirmó.
La falta de rentabilidad pone en jaque la continuidad de numerosos viñateros. “Levantar la cosecha va a ser muy complicado, es imposible sin financiamiento”, señaló Manzanares, quien alertó sobre el riesgo de desaparición de pequeños productores. “Vamos a terminar desapareciendo productores, porque el productor es muy pequeño”, lamentó, y destacó el impacto social y económico que esto genera en pueblos y economías regionales. “Todo el pueblo espera la cosecha para que el dinero vuelva a circular”, explicó, al mencionar comercios y servicios que dependen de la actividad agrícola.
Además, el dirigente se refirió a las dificultades para afrontar paritarias y costos laborales. “Las fincas pequeñas están pagando al empleado y listo, no alcanza para más”, expresó, y sumó a este panorama la caída del consumo interno. “El consumo no repunta, pasa lo mismo con el vino”, afirmó, aunque sostuvo que existe cierta expectativa en torno al mercado externo.
Finalmente, Manzanares se refirió al debate sobre los niveles de stock de vino y la falta de datos certeros. “No estamos con un stock crítico, estamos en unos 8 meses”, indicó, y cuestionó que se utilice el argumento del sobrestock para presionar a la baja los precios. “Siempre juegan con el sobrestock para pagar menos”, aseguró. En ese contexto, reclamó una intervención que permita al menos sostener los valores. “El Gobierno debería intervenir para que, por lo menos, el precio acompañe la inflación”, concluyó.
