Hace algunos años, las normas de calidad se aplicaban a actividades que conllevaban procesos de trabajo ligados a la industria. Pero al entender que la certificación de calidad puede pasar a cualquier proceso de trabajo, eso fue variando y pasó también al campo humanístico, llegando incluso a la Justicia. Al respecto dialogó con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, el delegado de la Suprema Corte de Justicia en el sur mendocino, Darío Bermejo.
El funcionario expresó que las normas de calidad pueden aplicarse a las tareas de una bodega, pero también a una escuela, el Registro Civil, la Justicia o “cualquier actividad que tenga un procedimiento de trabajo”. “Lo que hace el sistema de calidad es, primero definir cuál es el proceso específico de trabajo de esa organización y después, una vez que se definió y se delimitó perfectamente, se estandariza, se escribe y todas las personas que integran la organización tienen que cumplirlo al pie de la letra. Esto hace que a medida que se cumple ese proceso definido ya al pie de la letra, se pueda ir mejorando y se pueda ir detectando dónde falla (cuando falla). Esas fallas (que se llaman “no conformidades”), terminan siendo las que disparan que pueda o no certificarse la norma de calidad”, explicó.
En el caso concreto de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, decidió hace algunos años empezar con esos procedimientos en los juzgados penales. “En principio, se iba a aplicar solamente a los juzgados penales de Mendoza, pero nosotros desde acá le solicitamos al ministro coordinador, doctor José Valerio, que es el ministro de la Corte encargado de todo el área penal, que lo pidiéramos hacer también en la ciudad de San Rafael, con tan buenos resultados que fuimos primeros en San Rafael los que certificamos, antes incluso que en la ciudad de Mendoza”, recordó y añadió: “Se aplicó a las dos unidades de gestión penal. Nosotros en el Poder Judicial, desde el año 2018 se encaró un proceso de reforma muy importante que comenzó con la llamada ‘Ley 9040’, que lo que hizo fue incorporar la oralidad plena en el proceso penal, lo que trajo como consecuencia que todo el sistema penal funcione a través de audiencias orales. Se dejó de lado de algún modo la escritura, se dejó de lado el expediente y se empezó a trabajar en las causas con audiencias orales que nos trajeron muy buenos resultados en materia de tiempos, porque antes la escritura y el sistema viejo era lento y burocrático, haciendo que las cosas demoraran hasta tres años en resolverse”.
En la actualidad hay unidades de gestión que se profesionalizaron y que tramitan todo el procedimiento y la audiencia, para que los jueces decidan. “Hay una unidad que tiene cuatro jueces y hay otra que tiene seis jueces. La primera unidad, de primera instancia, y la segunda es la de los jueces de segunda instancia que son generalmente los que resuelven apelaciones o hacen los juicios que después terminan con las condenas de los delitos graves, por ejemplo, homicidios”, destacó.
La certificación de Normas IRAM debe mantenerse año a año, por lo que el proceso requiere mejoras anuales en esos puntos donde se detectan errores o fallas.
La idea es que en algún momento, esto se aplique en el campo civil, en el laboral y en el de familia, pero seguramente llevará un tiempo pues no se trata de un procedimiento sencillo.
