Ayer se conmemoró un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, una figura cuya dimensión histórica parece agigantarse a medida que se degrada el presente institucional de la República. El héroe gaucho, centinela invencible de la frontera norte, no solo legó a la posteridad una de las páginas más gloriosas de la emancipación hispanoamericana mediante su estrategia de guerra de guerrillas, sino que esculpió un testimonio ético sobre el verdadero significado de la soberanía.
Aquellos patriotas de la independencia —hombres de la talla de Güemes, San Martín y Belgrano, y otros tantos— estructuraron su acción política y militar sobre una premisa innegociable: la autodeterminación de los pueblos y la edificación de una nación libre de toda dominación extranjera. Güemes no duda en sacrificar su fortuna personal, su salud y, finalmente, su propia vida en pos de un proyecto colectivo que ponía el interés de la patria por encima de cualquier conveniencia sectorial. La resistencia en el norte no se financió con empréstitos condicionados ni se subordinó a los dictados de las cancillerías imperiales de la época; fue una gesta parida desde el barro, sostenida por el compromiso de un pueblo en armas que entendía que la libertad no se mendiga, se conquista.
El contraste con el panorama político actual resulta alarmante. La dirigencia contemporánea parece haber suplantado aquella altivez patriótica por una vocación de subordinación que raya en la obscenidad. Asistimos a un tiempo donde los líderes nacionales exhiben con orgullo una alarmante pleitesía hacia mandatarios foráneos y corporaciones transnacionales, buscando en el extranjero una validación que ya no encuentran en sus propios representados. Las relaciones internacionales, lejos de plantearse desde una posición de respetuosa simetría y defensa del interés nacional, se han transformado en un escenario de alineamientos automáticos, sobreactuaciones ideológicas y sumisiones que comprometen los recursos estratégicos del país.
Esta genuflexión política encuentra su máxima expresión en la última iniciativa del Ejecutivo nacional: el impulso de un proyecto legislativo denominado maliciosamente ley de «Inviolabilidad de la propiedad privada». Bajo una etiqueta atractiva para el sentido común, se esconde en realidad el andamiaje jurídico necesario para desproteger el territorio nacional, habilitando mecanismos para vender al mejor —o peor— postor las tierras de frontera y los recursos naturales de una parte mayoritaria de la patria. El concepto de propiedad privada se desvirtúa así para transformarse en una patente de corso que extranjeriza el patrimonio colectivo de los argentinos.
Esta lógica de enclave, que prioriza el agrado de los mercados globales por sobre el desarrollo del mercado interno, opera de espaldas a la producción real, al comercio y a la industria nacional. Mientras los próceres fundacionales derramaron su sangre para evitar el tutelaje externo, los gobernantes actuales se esmeran en diseñar estos marcos normativos a la medida del gran capital extractivista internacional, entregando el suelo y el subsuelo a cambio de efímeros respaldos financieros o fotografías de campaña en el exterior.
Recordar a Güemes en este contexto no debe ser un acto de nostalgia estéril ni un mero formalismo del calendario escolar. Debe ser una interpelación directa a la conciencia ciudadana. La soberanía que defendieron “Los infernales” en las quebradas del norte se devalúa cada vez que se intenta rematar el territorio bajo eufemismos legales y cada vez que un dirigente abdica de su responsabilidad de proteger el trabajo de los argentinos para transformarse en el gestor de intereses ajenos.
