La Ley de Educación: El proyecto comenzó a analizarse en el Pre Congreso Pedagógico Mendoza

La Ley de Educación -que presentó el gobernador Rodolfo Suarez- presenta resistencia en sectores sindicales y también en los partidos como la Izquierda, el PJ y Protectora. Este marco normativo- que se pretende sancionar- da cuenta que será un nuevo punto de desencuentro entre el oficialismo y la oposición.

Para llegar a un consenso, este miércoles el mandatario junto al director General de Escuelas, José Thomas, encabezaron la apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020 donde comenzará el debate con referentes y legisladores. Más tarde, del 18 al 24 de octubre, habrá una segunda instancia cuando se llevará adelante el Congreso Pedagógico para seguir analizando los cambios. Con esto, el Ejecutivo apunta a que la iniciativa se analice durante un mes para luego- en tercera instancia- ser enviada a la Bicameral de Educación.

“Lo que hemos propuesto es una ley marco para que todos podamos debatir, para que nos acerquemos al ideal que tenemos y a lo que pensamos que tiene que ser la educación en Mendoza. Esto, bajo el concepto que toda crisis, todo desorden es oportunidad para que haya un gran orden”, dijo Suarez.

Además, el gobernador admitió que la pandemia “afectó en todos los aspectos y obviamente lo educativo”.

Por su parte, Thomas, para evitar críticas y cuestionamientos, dejó en claro solo que se trata de un “primer borrador”.

“Hay que generar políticas que disminuyan la brecha, ver cómo vamos a incluir la tecnología en la educación”, manifestó el director del gobierno escolar.

Los puntos controversiales planteados:

  • El Sistema Educativo Digital (SED): consideran que contribuirá a aumentar la desigualdad, ya que no todos los estudiantes cuentan con conexión ni computadoras. Por otro lado,  afirman que solo el 33% de los hogares de Mendoza tiene internet, incluso aducen que hay escuelas rurales que carecen de conectividad.

 

  • Educación Sexual Integral (ESI): el proyecto la “promueve”, pero argumentan que no se impone la obligatoridad. Este pedido se viene realizando desde hace años por diversos actores, con resistencia en algunos ámbitos de la Iglesia.

 

  • Modificación del Estatuto Docente: hay temor frente a cambios que profundicen una «precarización laboral» de los trabajadores de la educación.

 

  • “Municipalización”: en contra de la posibilidad de que municipios y entidades de la sociedad civil sean “prestadores de servicios educativos”. Los que se oponen afirman que modificaría el sistema educativo haciéndolo más “injusto” llevándolo a un modelo similar al chileno.

 

  • «Bimodalidad»: malestar ante la opción de la modalidad “presencial-virtual”, donde afirman que el costo de la educación deberá ser pagado por educadores cuyos salarios vienen “golpeados” desde hace años.

 

  • Evaluación de la calidad educativa: consideran que se busca responsabilizar a los docentes por las falencias del sistema educativo. Sobre eso, afirman que se culpará a los maestros por los resultados que se irán midiendo. Además, sostienen que es una forma de aumentar los controles y presionar a los trabajadores de la educación.

 

  • «Ciberpatrullaje»: en contra del “control” de las redes sociales de los docentes. Consideran que es una “función policial” de la DGE para censurar y perseguir a los educadores. Los que se oponen consideran que se trata de un «ataque a la libertad de expresión».

 

  • Eliminación de Escuelas Artísticas Vocacionales: en contra de la opción de que pasen a depender de la órbita municipal. En cuanto a la educación artística en sí, sostienen que el proyecto la reduce a un “mero entretenimiento”, sin brindar la dimensión de lo que verdaderamente significa el arte en todo el mundo.

 

  • Ausencia de actores del sistema educativo en el diseño, planificación y control de políticas públicas de educación.

 

  • «El proyecto carece de perspectiva de género y de un enfoque integral de derechos».

 

 

Fuente: El Sol

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