La Ley de Talles nacional es una realidad. Ahora a cumplirla…

El Gobierno nacional, a través del decreto 375/2021, reglamentó días atrás la ley de Talles (N° 27521, sancionada en 2019), que establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria (Suniti), que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización de indumentaria.
La normativa establece que los talles de las prendas de vestir en todo el país estarán estandarizados según las medidas corporales de la población argentina, surgidas de un estudio antropométrico que se llevará a cabo en los próximos meses. De esta manera, la indumentaria comercializada por distintos proveedores deberá respetar de manera homogénea el sistema de talles con las mismas medidas, lo que permitirá que las y los consumidores puedan tener una referencia de su talle para las prendas que adquiera, de cualquier marca y comercio. Para evitar confusiones, es importante remarcar que esta ley y su reglamentación no regulan aspectos vinculados con la oferta, es decir que, por ejemplo, la obligación de respetar las medidas del Suniti no implica que una empresa o comercio tenga una oferta de todos los talles disponibles.
A nivel país ya existían hasta hoy más de una docena de leyes –entre provinciales y municipales– que pretendían eliminar esta injusta circunstancia, pero muchas de ellas no han tenido ni tienen aplicación práctica. De hecho, Mendoza tiene su propia “ley de Talles”: la 8579, sancionada en 2013. A pesar del tiempo transcurrido, la norma aún no se aplica masivamente ya que muchos fabricantes y comerciantes siguen quejándose de la regulación y se niegan a cumplirla.
Lo cierto es que algunas posturas sectoriales chocan contra un dato objetivo: cerca del 70 por ciento de los argentinos y argentinas tienen serios inconvenientes a la hora de encontrar ropa de su talle.
Es de esperar que en poco tiempo, y cuando la norma nacional tenga verdadera aplicación práctica, se resguarde –finalmente– la integridad de todas las personas, su libertad de elección y el derecho a un trato digno y equitativo.