«La Lucha Antigranizo es un deber esencial del Estado»

Por Martín Rostand | La decisión del gobernador Alfredo Cornejo de suspender el sistema de lucha antigranizo es un acto profundamente irresponsable y miope, que subestima la importancia de la protección agrícola y el impacto económico que el granizo tiene en la región. No solo pone en peligro la economía agrícola de la zona, sino que también abandona a la población civil, que ahora queda indefensa ante los daños que el granizo puede causar en sus bienes, como viviendas y vehículos.
El sistema de lucha antigranizo es una necesidad vital en una región donde el granizo puede destruir cosechas, hogares y vehículos en cuestión de minutos. La agricultura es el motor económico de San Rafael, y sin este sistema, los productores quedan a merced de pérdidas devastadoras que afectarán toda la economía local. Pero el problema va más allá de la agricultura: la población civil también se verá gravemente afectada. Las tormentas de granizo pueden causar daños significativos a viviendas y vehículos, que para muchas familias representan el fruto de años de esfuerzo y ahorro. Delegar esta responsabilidad en la Municipalidad de San Rafael y trasladar el financiamiento a sus vecinos a través del pago de un ítem en la factura del servicio eléctrico es un acto de cobardía política. La Municipalidad, con su presupuesto limitado, no puede asumir una tarea de tal envergadura sin comprometer otros servicios esenciales para la comunidad. Hacerles asumir el costo a los vecinos como “usuarios” del sistema es un absurdo tan grande como sería pretender que la salud pública la paguen los enfermos o que de la seguridad se encarguen las víctimas de los delitos. Esta transferencia de responsabilidades no solo es injusta, sino que demuestra una clara falta de empatía por parte del gobierno provincial, que parece más interesado en recortar gastos que en proteger a su población.
Aún más preocupante es la pretensión que supone convocar una audiencia pública para «legitimar» esta decisión, excluyendo a los ciudadanos de participar en ella y acotándola a la participación de entidades intermedias. Limitar el voto con ese criterio es una maniobra para evitar el rechazo masivo que esta medida merece y que seguramente tendrá. Esto es un acto opaco que afecta la transparencia de la cosa pública y un claro indicador de que al gobierno de la provincia no le interesa la opinión de la gente, sino solo proteger su propia imagen.
Esta decisión muestra una falta de visión y una indiferencia alarmante hacia las consecuencias a largo plazo. Mientras se intenta ahorrar a corto plazo, se siembra la ruina económica y social de San Rafael. Las pérdidas agrícolas afectarán a toda la economía local, desde los mercados hasta el empleo, generando inestabilidad social. Pero lo más grave es el impacto humano: familias que perderán no solo sus cosechas, sino también verán afectados sus hogares y vehículos, mientras el Estado elude sus responsabilidades. En resumen, la suspensión del sistema de lucha antigranizo es una muestra clara de desprecio por el bienestar de la población, un abandono deliberado de los deberes más básicos de un gobierno.

Martín G Rostand

Senador Provincial 4to distrito

Bloque Pro -La Unión Mendocina