La nueva ley contra el bullying abre un fuerte debate sobre responsabilidades y prevención en las escuelas mendocinas

La reciente normativa provincial que endurece las respuestas ante casos de acoso escolar generó un intenso análisis entre especialistas, quienes advierten que la legislación llega en un contexto complejo y con desafíos pendientes en materia de convivencia, abordaje integral de violencias y formación institucional.

La aprobación de la ley que regula y sanciona situaciones de bullying en Mendoza reavivó la discusión sobre los alcances reales que tendrá su aplicación en el día a día de las escuelas. El psicopedagogo Alejandro Castro Santander analizó el tema en diálogo con FM Vos 94.5, al señalar que la nueva normativa aparece como una continuidad de un proceso iniciado meses atrás, cuando distintos episodios de violencia escolar pusieron en alerta al sistema educativo. En ese marco, detalló que “en senadores se hicieron algunas modificaciones, pero después en diputados directamente no se tocó nada, sé que salió prácticamente igual, fue aprobado igual que había sido en senadores”. Según indicó, el contexto resultó determinante, ya que “veníamos de una serie de situaciones complejas en relación a convivencia entre escolares”.

Castro Santander recordó que el caso de La Paz, donde una estudiante llegó armada al colegio, no fue el origen del debate, sino el episodio previo en el que una familia denunció a la Dirección General de Escuelas por inacción ante un caso de acoso, y la Justicia falló a favor de los denunciantes. Sobre ese punto mencionó que existía “un comentario justamente del director general de escuela que decía que si bien podía analizarse en una responsabilidad de la institución educativa, había también una responsabilidad de la familia interpretando que hay una violencia aprendida en el ámbito familiar”. Para el especialista, este escenario actuó como disparador para que la discusión tomara cuerpo político y social.

Consultado por los aspectos positivos de la norma, sostuvo que uno de los avances es que el sistema educativo decida afrontar un fenómeno al que históricamente no se le asignó la relevancia suficiente. En ese sentido afirmó que “a favor es hacerse cargo, en este caso, el ámbito educativo, la gestión educativa, hacerse cargo de un fenómeno que realmente no se le ha dado la importancia, la trascendencia que merece”. Sin embargo, remarcó que el problema excede al bullying en sí mismo, ya que “en realidad no es solamente el bullying y ahí está el problema”, y que muchas veces son los conflictos previos no atendidos los que terminan desembocando en situaciones más graves: “a veces la desatención de todos estos fenómenos de convivencia desembocan en el fenómeno del acoso entre escolares o el bullying”.

Para el psicopedagogo, la ley presenta una falla de base al priorizar sanciones antes que acciones preventivas. “Prácticamente todas las intervenciones que se han hecho a nivel legal con respecto al tema del bullying siempre empiezan por prevención, no con medidas punitivas”, remarcó. También señaló que la crianza y las dinámicas familiares ocupan un lugar central en la formación, aunque se trata de un terreno complejo: “un tema complicadísimo, pero que supimos hacerlo bien”. En su análisis coincidió en que el sistema disciplinario escolar ha sufrido un relajamiento sostenido a través del tiempo, acompañado por cambios culturales más amplios respecto al cumplimiento de las normas. En esa línea sostuvo que “hablar de indisciplina prácticamente desapareció, hoy el término que se utiliza es violencia”, y advirtió que existen estudios que muestran “a los adultos totalmente disruptivos en cuestiones de aceptar o de cumplir normas”.

Uno de los puntos más delicados de la nueva norma es la atribución de responsabilidad directa a los padres cuando se confirma un caso de acoso. Castro Santander rechazó esa idea al explicar que “cuando hay un caso de bullying la responsabilidad directa es de los padres, y eso desde la investigación no es así”. A su entender, se trata de un fenómeno “multicontextual, multidimensional”, en el que intervienen distintos entornos y actores, y que debe entenderse como un proceso grupal más que individual: “el bullying es un fenómeno grupal, no vas a encontrar a uno que va a ver que al padre de uno, sino al padre de muchos”.

El especialista también alertó sobre las implicancias prácticas que tendrá la reglamentación futura para docentes y directivos. Subrayó que antes existía una prohibición expresa de judicializar los conflictos y que muchas de las herramientas institucionales fueron retiradas con el tiempo. “La escuela no tenía armas, y si tenía alguna se la fue desarmando”, expresó. Ahora, con la nueva norma, las instituciones deberán respaldar formalmente cada denuncia, lo que implica demostrar hechos difíciles de constatar. “La institución educativa va a tener que demostrar primero algo que siempre ha sido complejo, que este alumno o estos alumnos están hostigando a un compañero”, señaló, y advirtió sobre el riesgo de errores: “¿qué pasa si no era tan así, como ha pasado tantísimas veces, que a veces el que aparece como víctima es el victimario y el victimario es la víctima?”.

Castro Santander destacó la necesidad de contar con equipos especializados, procesos de detección más sólidos y capacitación legal para directivos, dado que estos casos exceden la normativa escolar. “Va a haber que implementar servicios de detección de todos estos casos”, sostuvo, y agregó que también será imprescindible formar a los responsables institucionales en cuestiones jurídicas. Recordó experiencias de otros países de la región donde se aplicaron multas severas a padres y escuelas, pero que debieron ser retiradas por generar más problemas que soluciones. Por eso insistió en la importancia de fortalecer la prevención desde edades tempranas y de entender que, en algunos hogares, la violencia está naturalizada: “cuando la comunicación diaria que tienen es violenta y que alguien le diga, mi hijo le pegó a otro, para ellos no significa absolutamente nada”.

Con cautela, el especialista concluyó que el verdadero impacto de la normativa se conocerá cuando esté definida la reglamentación y se precise cómo deberán actuar las escuelas en cada caso. Afirmó que se trata de “un tema complejo, siempre fue complejo” y que aún quedan numerosos desafíos para evitar errores, brindar acompañamiento adecuado y promover una convivencia escolar sólida y sostenida en el tiempo.