Mendoza transita la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y, a menos de un mes de su implementación, comienzan a aparecer interrogantes sobre la capacidad del sistema para afrontar el nuevo escenario. La Ley 27.801 entrará en vigencia el 5 de septiembre y alcanzará a adolescentes desde los 14 hasta los 18 años, además de ampliar el universo de delitos que podrán ser abordados por la Justicia Penal Juvenil. Se prevé un aumento del 30% en la cantidad de detenidos.
El cambio tendrá impacto directo en Mendoza, que deberá adecuar su legislación y sus estructuras para atender a una población que hasta ahora quedaba, en buena parte, fuera del sistema penal juvenil.
Actualmente hay 47 adolescentes alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y, con la entrada en vigencia de la ley, se prevé un aumento del 30% en la cantidad de detenidos.
Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, sostienen que la infraestructura existente tiene margen para responder al incremento previsto. Sin embargo, trabajadores que se desempeñan dentro del sistema penal juvenil plantean una mirada muy diferente y aseguran que, puertas adentro, todavía no se observa una preparación acorde con la magnitud del cambio que se avecina.
El nuevo régimen ampliará el universo de adolescentes alcanzados
Actualmente, el sistema penal juvenil interviene principalmente sobre adolescentes de entre 16 y 18 años en determinados delitos. Con la nueva ley, la edad de imputabilidad se establece desde los 14 años y se amplía el universo de hechos que pueden quedar bajo la órbita penal juvenil.
El cambio hace prever un incremento de las causas. De hecho, desde el Poder Judicial reconocen que habrá más expedientes, aunque advierten que todavía resulta difícil calcular con precisión cuánto crecerá la demanda porque nunca se trabajó penalmente sobre ese universo de adolescentes.
Según los datos oficiales difundidos en febrero de este año, 416 jóvenes se encuentran actualmente abordados por situaciones vinculadas al conflicto con la ley penal. De ese total, 47 permanecen privados de la libertad, mientras que la gran mayoría cumple medidas alternativas fuera del encierro.
La diferencia entre ambas modalidades es significativa. 369 adolescentes cumplen medidas alternativas, es decir, permanecen en libertad pero bajo seguimiento institucional, mientras que otros tres se encuentran bajo dispositivos de restricción de la libertad. Esto significa que el encierro representa una proporción minoritaria dentro del actual sistema de responsabilidad penal juvenil.
El 90% de los jóvenes involucrados son varones y el 10% mujeres. En cuanto a los delitos, el 64% corresponde a hechos contra la propiedad, mientras que el 10% está relacionado con delitos contra las personas. También aparecen causas por delitos contra la administración pública, contra la libertad y otras figuras. Dentro de los hechos más frecuentes se encuentran los hurtos, robos simples, robos agravados, robos de motos o vehículos, encubrimientos y casos vinculados con armas.
Otro dato que aparece en el diagnóstico es la baja proporción de adolescentes que termina privado de la libertad. Según las cifras difundidas, solo el 4% de los jóvenes que cometieron delitos terminó con una medida de privación de la libertad, mientras que el sistema prioriza las alternativas al encierro. En 2025, además, la reincidencia se ubicó en el 3%, frente al 2% registrado durante 2024.
El escenario adquiere otra dimensión cuando se observa qué ocurría con los menores de 16 años, que hasta ahora eran inimputables penalmente. Entre marzo de 2018 y diciembre de 2025 fueron registrados 322 adolescentes menores de 16 años en conflicto con la ley penal: 62 tenían 13 años, 102 tenían 14 y 158 tenían 15. Solo durante 2025 se contabilizaron 28 casos en esas edades.
Qué dice el Gobierno sobre la capacidad del sistema
La versión oficial presenta un escenario diferente.
Según datos aportados por el Ministerio, actualmente hay 47 adolescentes alojados con privación de libertad en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y la infraestructura disponible permitiría duplicar esa cantidad sin inconvenientes.
Además, desde el Ejecutivo señalaron que durante los últimos dos años se vienen realizando obras en el establecimiento para mejorar sus condiciones.
La estimación oficial es que, con la entrada en vigencia de la nueva normativa, la cantidad de jóvenes alcanzados por el sistema podría crecer alrededor de un 30% de manera progresiva, tanto en las medidas alternativas como en los casos de privación de libertad.
El cálculo coincide si se tienen en cuenta que existen entre 80 y 85 plazas disponibles para una población de alrededor de 47 adolescentes.
Cómo está organizado actualmente el sistema
Desde el Ministerio también detallaron la distribución de los sectores de alojamiento de la DRPJ.
- Sector Recepción: destinado a quienes ingresan por primera vez, cumplen una primera condena o reingresan con buen concepto institucional. Allí se realiza la evaluación inicial y el proceso de admisión.
- Sector D: recibe a quienes permanecieron entre tres y seis meses en Recepción y presentan una evolución favorable en su proceso de abordaje.
- Sector A: destinado a personas condenadas que tienen dificultades de adaptación al plan de intervención o una evaluación desfavorable, incluyendo problemas de conducta o incumplimientos de las normas de convivencia.
- Sector C: destinado a jóvenes con permisos de salida, buena adaptación al régimen y evaluación favorable.
- Sector M: sector destinado al alojamiento de mujeres.
La estructura, por lo tanto, ya contempla diferentes niveles de alojamiento y evolución dentro del régimen. El desafío que aparece ahora es cómo adaptar esa organización a la llegada de adolescentes más jóvenes y a un posible incremento de la población.
Trabajadores advierten falta de consulta
Según señalaron trabajadores vinculados al sistema penal juvenil, los operadores que tendrán que aplicar la nueva normativa no estarían siendo convocados de manera suficiente para participar de la planificación.
La crítica alcanza a distintos niveles del Estado. “Los funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y de la Suprema Corte no están consultando a ninguno de los operadores del sistema penal juvenil”, sostuvo uno de los trabajadores consultados, en referencia a jueces, fiscales, defensores y personal que interviene tanto en medidas privativas como no privativas de la libertad.
La preocupación se concentra especialmente en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), conocida históricamente como exCOSE, donde se cumplen las medidas de privación de libertad ordenadas por la Justicia.
Uno de los principales interrogantes planteados por los trabajadores del organismo es qué ocurrirá cuando comiencen a ingresar adolescentes de 14 y 15 años, una franja etaria que hasta ahora no formaba parte del sistema penal juvenil en los mismos términos.
También cuestionan cómo se realizará la separación entre adolescentes procesados y condenados y cómo se reorganizarán los espacios y equipos de trabajo para atender a una población más amplia y diversa.
La interna que atraviesa al exCOSE
A las dudas sobre la implementación de la nueva ley se suma, según fuentes que trabajan dentro de la estructura, una interna de conducción que habría generado incertidumbre entre los propios trabajadores.
El conflicto ya había quedado expuesto públicamente a partir de la situación de la conducción de la DRPJ. La actual gestión quedó en el centro de una disputa de poder luego de que la directora de Internación, que había asumido en junio, solicitara una licencia psiquiátrica al mes de haber llegado al cargo.
Ahora, trabajadores aseguran que durante su ausencia se produjeron nuevos movimientos y órdenes contrapuestas dentro de la institución.
Según el relato de empleados consultados por este medio, la directora de Internación, actualmente de licencia hasta el 13 de agosto, habría reaparecido esta semana impartiendo instrucciones, mientras que el director general comunicó formalmente que se encontraba a cargo y habría dejado sin efecto algunos de esos cambios.
“Adentro nadie sabe a quién obedecer”, resumió uno de los trabajadores, quien consideró que una situación de ese tipo adquiere especial gravedad dentro de un establecimiento donde se encuentran adolescentes privados de libertad.
Las fuentes consultadas sostienen que esta disputa interna estaría desplazando, al menos parcialmente, la discusión sobre cómo implementar el nuevo régimen penal juvenil.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/la-nueva-ley-penal-juvenil-aumentara-en-un-30-la-cantidad-de-adolescentes-detenidos/
