La pandemia invisibilizada

Tal como destacábamos en nuestra edición de ayer, de los 72 femicidios que se encuentran registrados en nuestro país durante este año, 38 se produjeron durante el aislamiento preventivo y obligatorio dictado a mediados de marzo por el Gobierno nacional para evitar la propagación de la pandemia de Covid-19. Así, el fenómeno agresivo contra las mujeres parece haberse acrecentado durante la cuarentena y, de hecho, es el único delito que no ha descendido en número con el confinamiento de la población.
Los hechos muestran que el encierro forzado en hogares con antecedentes de violencia hizo recrudecer las agresiones y a ellas se han sumado otras causas que no tenían estos antecedentes.
Si bien tanto a nivel nacional como en varias provincias y municipios se promovieron medidas preventivas de este tipo de situaciones, los casos fatales no solo no disminuyeron sino que, por el contrario, se han acrecentado preocupantemente.
En estos días, para muchas mujeres sus casas se han convertido en una especie de trampa, ya que al estar encerradas obligatoriamente con sus maltratadores durante un periodo significativo de tiempo, la violencia aumenta y sus posibilidades de obtener ayuda y acceder a los servicios públicos de cuidado son mucho más limitadas.
A la situación económica de precariedad laboral y las tradicionales dificultades para el acceso a la justicia y a la salud, con la habitual poca capacidad de respuesta a sus necesidades, ahora se suman los inconvenientes que impone el inédito contexto social del encierro obligatorio.
Si en épocas de normalidad el trabajo en pos de lograr la igualdad de géneros y la eliminación de la violencia contra el diferente es importante, ahora lo es mucho más. Los Estados deben seguir imponiendo sus políticas públicas para darles contención y respuesta a las víctimas mientras la población civil debe permanecer en el camino del reconocimiento de la igualdad y del rechazo a cualquier forma de discriminación. En este momento más que nunca.

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