El debate público constituye una dimensión esencial de toda democracia saludable. Se trata de un espacio de confrontación de argumentos, ideas y perspectivas diversas sobre temas de interés colectivo, particularmente en lo que respecta a lo público, las políticas sociales y las decisiones gubernamentales. Lejos de ser una mera disputa de opiniones, este intercambio deliberativo cumple la función de construir ciudadanía, transparentar acciones del poder y promover consensos en una sociedad plural.
Varios funcionarios públicos muestran, por estos días, una animadversión notoria contra el periodismo que critica o muestra sus decisiones cuando las considera erradas. Y esto no es exclusivo del demasiadas veces violento presidente Milei. Sin ir más lejos, en Mendoza varios funcionarios se “enojan” cada vez que el periodismo evidencia algo que les molesta.
Aunque todo funcionario público tiene pleno derecho a refutar informaciones inexactas, cuestionar opiniones o responder a críticas, hacerlo mediante ataques personales, estigmatización y señalamientos agresivos no solo resulta intimidatorio, sino que degrada el debate público y es una forma de violencia simbólica que busca silenciar al disenso.
El recurso sistemático a la agresión y la desinformación también tiene como objetivo posicionar al adversario en una constante defensa, bloqueando su capacidad de proponer o argumentar. La “arena” política muestra este fenómeno de manera patente por estos días.
La estigmatización de periodistas, por su labor profesional o por no alinearse con la visión oficial, no solo perjudica a quienes son blanco de esos ataques, sino que también empobrece a toda la ciudadanía. Porque cuando se deslegitima al mensajero, se debilita la posibilidad de acceder a una información veraz, contrastada y libre de presiones. Y sin información plural, no hay deliberación informada; sin deliberación, no hay ciudadanía activa; y sin ciudadanía activa, no hay democracia.
