Desde hace siete años, los elementos pirotécnicos que históricamente le pusieron color y, sobre todo, ruido a las festividades de Navidad y Año Nuevo quedaron prohibidos, tanto para quienes comerciaban con ella como para quienes la usaban.
La resolución del Concejo Deliberante local, en consonancia con el movimiento legislativo y social que se da en otros puntos de la provincia y del país, tuvo como base los perjuicios que la pirotecnia genera en sectores sensibles de la población (enfermos, personas mayores, etc.) así como en la contaminación sonora que produce, afectando fuertemente a los animales, por caso.
En los primeros años de la ordenanza, hubo voces contrarias a la prohibición por parte de quienes habitualmente comercializaban los mencionados productos así como de quienes disfrutaban con su utilización. No obstante, una parte mayoritaria de los sanrafaelinos aceptó y apoyó la norma.
Por estos días, desde la Municipalidad han solicitado la colaboración de la población para denunciar a quienes infrinjan la ordenanza. Y es que, más allá de lo que se ha normado, algunos sanrafaelinos siguen accediendo a esos elementos y los utilizan generando los perjuicios antes mencionados.
En virtud de dicha normativa, el Municipio de San Rafael – a través del área de Inspección General – está facultado a disponer clausuras y multas económicas a aquellos comerciantes que ignoren la disposición vigente. Asimismo, la Justicia de Faltas también prevé multas económicas y/o penas de arresto para quienes incumplan con dicha reglamentación.
Todo ciudadano que advierta venta ilegal de pirotecnia como así también manipulación y utilización de la misma, no dude en avisar al 911 para darle intervención a la Policía de Mendoza.
Aunque esas conductas –ilegales, al fin- no son masivas, evidencian o bien que lo regulado aún no ha sido internalizado por la totalidad de la población o bien que existen personas a las que no les interesa el daño que puede generar su “diversión”. Allí será clave la actuación estatal y del resto de la comunidad para hacer cumplir la ley y para que se alcance el objetivo de proteger a quienes sufren las explosiones.
